Impulsan cambios en la designación de jueces

Un proyecto del oficialismo propone concentrar facultades en el presidente del Consejo de la Magistratura y en los consejeros y eliminar el examen técnico con un jurado de expertos.





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El proyecto de ley con el cual el oficialismo rionegrino impulsa reformar el método de designación de jueces y funcionarios judiciales representa un retroceso en cuanto a transparencia, participación y publicidad de los actos de gobierno respecto del implementado en 2007 a iniciativa del mismo bloque a partir de la presión ejercida por sectores como la Multisectorial convocada por Familiares de Dolor.

Con el argumento de evitar las demoras y complicaciones que genera la puesta en práctica del complejo sistema creado por la ley 4280/07, la iniciativa presentada con la firma de Adrián Casadei concentra funciones y elimina instancias de información y participación, manteniendo remedos de evaluación que, en la práctica, estarán en pocas manos, y asigna períodos tan breves de impugnación que la harán prácticamente inocua.

El tema adquiere máxima importancia si se considera que están por generarse unas 300 vacantes de jueces y fiscales por la ley que habilitó la jubilación con el 82% móvil más el 40% de zona desfavorable, que incentivará a quienes reúnen los requisitos a dejar de trabajar cobrando el 122% de su haber activo.

La iniciativa elimina la evaluación de aspirantes a cargos de juez o fiscal a cargo de académicos reconocidos, reemplazándola por otra a cargo de los propios integrantes del Consejo de la Magistratura –sin siquiera exigir que sean abogados–. Este procedimiento virtualmente duplica la participación en el proceso de los integrantes del Consejo de la Magistratura quitando a terceros imparciales del mundo académico o profesional. El Consejo puede ser integrado por legisladores que no son abogados, como Daniel Sartor y –actualmente– Iván Lázzeri, por lo cual la evaluación académica procuraba despolitizar y jerarquizar la selección.

Además, condiciona o quita la publicación de instancias de la selección y evaluación de los aspirantes, violando la ley 1829 al otorgar a los consejeros la posibilidad de declarar reservada parte de la información.

El proyecto aparta a la procuradora Liliana Piccinini de los Jurados para elegir fiscales y otros integrantes del Ministerio Público, previendo en su lugar que el fiscal general –Edgar Echarren– y la defensora general integren los jurados. Esto, pese a que la ley 4199 del Ministerio Público, en su artículo 11 inc. h) asigna a la Procuración General la función de “integrar el Consejo de la Magistratura cuando la ley respectiva lo exige para la designación como para la remoción de miembros del Ministerio Público”.

Paradójicamente, a la vez que impulsa jerarquizar al secretario del Consejo de la Magistratura dándole rango de juez de Primera Instancia en lugar de secretario de Cámara, reduce sus funciones al concentrar varias en el presidente del Consejo, titular del STJ.

La iniciativa vuelve a asignar representación privilegiada al Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial respecto de los otros tres de la provincia, ya que le asigna la tarea de designar al secretario del Consejo de la Magistratura, que se suma a su exclusividad en la elección de los cargos de fiscal General y defensor General, peses a que tienen jurisdicción sobre toda la provincia.

El Colegio de Abogados de General Roca afirmó que no conoce el proyecto, para el cual no fue consultado, por lo cual envió una nota a la Legislatura pidiéndole que no lo trate hasta no recibir la opinión de las cuatro entidades representativas del sector.

El legislador Daniel Sartor, uno de los autores de la iniciativa, explicó que busca agilizar la cobertura de vacantes en la Justicia y que no se afectará el criterio de transparencia ni “el espíritu” de la norma original y que el actual esquema de selección se había “vuelto sumamente engorroso”.

Daniel Sartor y Adrián Casadei son algunos de los autores de la iniciativa.

ALICIA MILLER

amiller@rionegro.com.ar


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