Imputados pedirán que se anule el juicio por «La Escuelita»

Será la postura del abogado de los interrogadores. Después de cuatro meses de audiencias, comenzará hoy la última semana del histórico juicio en contra de los ocho militares acusados de delitos de lesa humanidad en la región.





NEUQUÉN (AN/ACE).- La defensa de los militares de inteligencia que fueron acusados de ser los interrogadores en el centro clandestino de Neuquén, pedirá que se anule el juicio.

Hernán Patricio Corigliano cuestionó en la mayoría de las audiencias la investigación que hizo Guillermo Labate, y ya deslizó durante el debate que el ex juez federal «armó» la acusación induciendo testimonios cuando se presentaban a declarar en el juzgado y que se valió de pruebas ilegales para incriminar «particularmente a mis defendidos».

Después de cuatro meses de audiencias, comenzará hoy la última semana del histórico juicio en contra de los ocho militares acusados de delitos de lesa humanidad en la región.

También se espera conocer de los jueces cuándo se escuchará la sentencia: antes o después de la feria judicial de enero.

El cronograma del juicio reservó el jueves para que los acusados hablen o callen, es su derecho a defenderse antes de que se emita el fallo.

«El juicio se hizo en base a prueba que fue obtenida en forma ilegal», adelantó en rueda de prensa el representante de los acusados Sergio Adolfo San Martín y Jorge Eduardo Molina Ezcurra.

El planteo rematará varias jornadas en las que los defensores oficiales y los abogados particulares pidieron que se absuelva a los ocho acusados de 17 secuestros, torturas y la desaparición forzada de Oscar Ragni.

Aseguraron que los militares no podían ser juzgados porque ya habían sido absueltos por la Corte Suprema cuando se dictaron las leyes de punto final y obediencia debida, reafirmaron que debían ser desprocesados porque cumplían órdenes de sus superiores que pensaban que eran legales, y desplegaron una abundante batería legal destinada a que se anulen los dichos del fotógrafo de inteligencia (fallecido) Miguel Suñer porque fue el que identificó a la mayoría de los imputados en las torturas, secuestros y enterramientos de los desaparecidos del centro clandestino.

«El juicio fue fundado en prueba que fue obtenida en forma ilegal», dijo Corigliano. Agregó que «las irregularidades» procesales «se han verificado durante el debate» oral y y que «fueron cometidas por el juez Labate durante la instrucción, además de irregularidades mismas que han sucedido en el acto de debate».

Corigliano dijo estar seguro de que este juicio tiene «orfandad probatoria, en particular de mis defendidos», que fueron acusados de ser los que decidían a quién secuestrar y luego tomaban parte de los interrogatorios bajo tortura en el galpón de chapa que estaba anexo a lo que se conoce como «La Escuelita», el edificio de material que fue refaccionado para mantener secuestrados a los detenidos en 1976.

El abogado pedirá la absolución de los militares de inteligencia, se adherirá al planteo de prescripción que fue hecho por las otras defensas y exigirá que se anulen todas las pruebas de este juicio, por considerar que fueron obtenidas en forma ilegal o que se trata de testigos que mienten o falsearon los datos.

Sus defendidos, el teniente coronel San Martín y el coronel Molina Ezcurra, asistieron a todas las jornadas del juicio (sólo unos días San Martín se ausentó por una gripe); al igual que el médico militar Hilarión Sosa y el general Enrique Braulio Olea. El mayor (re) Luis Farías Barrera volvió a presenciar las audiencias desde que se iniciaron los planteos defensistas, mientras que continúan ausentes en la sala el coronel (re) Mario Gómez Arenas, el suboficial (re) Francisco Oviedo y el coronel (re) Oscar Lorenzo Reinhold; que están representados en el juicio por sus abogados.

 


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