Imputan a Mildenberger y a otros dos funcionarios

Irregularidades en obras escolares

VIEDMA (AV).- La Justicia profundiza la investigación de las irregularidades en una primera tanda de obras escolares realizadas durante la gestión de Miguel Saiz. Estas imputaciones penales recaen en el secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger y otros dos funcionarios de esa cartera. Actualmente, el juez Carlos Reussi aguarda el peritaje del arquitecto Pisandelli para avanzar en el análisis de la acción penal promovida por la fiscal Daniela Zágari. Este primer grupo corresponde a cuatro expedientes, denunciados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Este órgano de control entendió que existió una “metodología implementada desde la Secretaría de Obras y Servicios de Río Negro para concretar obras públicas sin observar las normas”, generando “dudas razonables respecto a la administración de fondos públicos y de los trámites de elección de contratistas”. En concreto, se asignaba y cumplía la ejecución con una empresa y después se realizaban los trámites. Las construcciones observadas son las escuelas Nº 179 de San Antonio, el CEM 98 de Las Grutas, el Jardín de Infantes Nº 80 – escuela Nº 2 de Viedma y el SUM de la primaria 23 de Allen. Otros cinco expedientes –en este caso, de Educación– siguen en análisis en la Fiscalía de Investigaciones, aunque hace un tiempo el legislador del PJ Martín Soria recurrió a la Justicia para denunciar esos casos, que también son tramitados por la fiscal Zágari. A fines de junio, Zágari formuló la acción penal en referencia a las obras que ejecutó Obras Públicas. Según trascendió, las imputaciones están direccionadas a Mildenberger y alcanzarían a otros dos funcionarios de su área: el secretario Horacio Puch Morales y la directora de Estudios y Proyectos, María Raquel Rodríguez. La fiscal requirió al magistrado diferentes acciones. Reussi ordenó la mayoría, incluyendo un peritaje, y además pidió a los imputados que designen defensores. El abogado Juan Carlos Chirinos representará a Mildenberger. Entre las irregularidades denunciadas por la Fiscalía de Investigaciones se menciona la “utilización impropia de excepción de urgencia para acceder a contrataciones directas; simulada participación de empresas competidoras y especificaciones técnicas insuficientes en los pliegos de contratación”. También afirma que hay “firmas comerciales que simulan competir pero en realidad lo que están haciendo es repartirse los beneficios”. Estas irregularidades –según esa fiscalía– colisionan con el valor transparencia, condición ineludible y fundamental para la eficiencia del Estado”. (AV)