Imputan al ministro Arroyo por “desobediencia judicial”.

JUDICIALES

Por demorar en la entrega de información le imputan al ministro de Desarrollo Social de Río Negro, Ricardo Arroyo, el delito de “desobediencia judicial”.

Ante la falta de respuestas del funcionario a los pedidos de distintos informes, el fiscal Hernán Trejo lo intimó para que respondiera en el término de 72 horas. El ministro recién respondió dos días después del plazo impuesto, generando la imputación del fiscal, cuando falta algo más de una semana para que Arroyo deje el ministerio.

Trejo investiga la responsabilidad de los funcionarios al frente de los organismos que deben contener y proteger a los menores de edad en situación de vulnerabilidad social, en el marco de los hechos de presunta corrupción de menores.

Esta nueva causa se inició luego que la Justicia Federal archivara por falta de pruebas una denuncia por presunta trata de personas y enviara copias de lo actuado a la justicia provincial “ante la posibilidad de una situación de desamparo o de incumplimientos funcionales”, según se señaló desde el fuero federal.

El tema fue derivado al fiscal de Viedma Hernán Trejo quien también investiga otro caso tras una denuncia penal formulada por una defensora de menores de Cipolletti ante la derivación de parte de Desarrollo Social -sin orden judicial- de una menor de edad de Viedma a aquella localidad valletana.

Problemáticas vinculadas a adicciones y prostitución infantil habrían sido los motivos de esa derivación de principios de año del ministerio provincial, generando de parte de la jovencita situaciones de agresiones con la intervención de defensores de menores que presentaron una denuncia penal por presunta “privación ilegítima de la libertad” frente a un traslado en el que no intervino un juez.

La respuesta del ministerio de Desarrollo Social a aquellas problemáticas habría sido retirar la niña a su madre y enviarla a un lugar de menores en Cipolletti con la consecuente presentación judicial de una defensora de menores.

La Justicia trata ahora de determinar si existe o no una estructura de contención frente a situaciones de fuga de menores de edad de las instituciones que deben ofrecerles protección, de hechos de corrupción y de prostitución. La mirada está puesta en los funcionarios de conducción que disponen la distribución de presupuestos para distintos programas que eviten aquellas circunstancias.

DeViedma