Incendio en Tribunales: el fiscal no halló pruebas y pide sobreseimientos

No pudo sostener los procesamientos dictados y llevar a los siete imputados a juicio. El juez Gandolfi deberá sobreseer o rechazar el pedido del fiscal.



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En el lugar del incendio había expedientes de causas vinculadas a corrupción de menores y facilitación de la prostitución. (Foto: Archivo )

Pasaron casi tres años de investigación pero por falta de pruebas piden el sobreseimiento de los seis imputados en la causa del incendio intencional en Tribunales. Entre ellos un abogado viedmense y un policía.

La solicitud fue formulada al juez de Garantías y de Ejecución, Ignacio Gandolfi, quien deberá sobreseer o rechazar el pedido del fiscal, Juan Pedro Peralta, a cargo de la investigación.

La información oficial de la solicitud de sobreseimiento detalló que se realizó “una profusa investigación que incluyó la recepción de más de 60 declaraciones testimoniales, allanamientos a una decena de domicilios, el análisis de más de 50 teléfonos celulares y más de 17.000 horas de escuchas de comunicaciones telefónicas que fueron desgrabadas”. A pesar de esa voluminosa cantidad de documentación reunida no aparecieron pruebas suficientes para sostener los procesamientos dictados y llevar a los imputados a juicio, razón por la cual el fiscal Peralta pidió los sobreseimientos de todos.

“No se logró la incorporación de nuevos elementos de prueba luego del procesamiento que permitan sostener la acusación y prever razonablemente la obtención de una eventual condena en un juicio oral y público, tal como lo exige el nuevo Código Procesal Penal. El escrito contó con la conformidad del Fiscal Jefe, Fabricio Brogna”, agregó la información difundida desde la Procuración General de Río Negro.

Este pedido de sobreseimiento también había sido solicitado por el abogado Cirilo Bustamante, defensor de dos de los imputados.

En un extenso escrito, Peralta reconoció “sus sospechas fundadas acerca de que los imputados fueron los autores” aunque admitió que “ahora no cuenta con el material necesario para superar el estado de sospecha y llegar con él a juicio con perspectiva de obtener una condena”.

Agregó que los primeros momentos de la investigación fueron fundamentales para llegar a esta instancia en la que lamentó no haber podido otorgar a la sociedad respuestas acerca de la responsabilidad de tan grave hecho institucional.

Peralta también sostuvo que en los inicios de la investigación, quien se desempeñaba como juez de Instrucción, Favio Igoldi, “negó allanamientos y diversas detenciones, hizo caso omiso al pedido de detenciones y cuatro meses después cuando la propia Cámara evaluó el accionar del magistrado y lo nulificó”, entendiendo que había obrado equivocadamente, ya se había perdido un tiempo valioso y prueba que seguramente podría haber cambiado el curso de los hechos”.

Los imputados y expedientes “pesados”

Siete fueron los imputados por el incendio intencional en la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde funcionaba el juzgado penal a cargo de Carlos Mussi. Allí se tramitaban causas vinculadas a la corrupción de menores y facilitación a la prostitución.

Aquel 26 de julio de 2015 el mismo juez, al ingresar para rescatar algún expediente entre las cenizas fue quien detectó el olor a combustible en lo que había sido su despacho. Fueron procesadas siete personas, entre ellos el abogado viedmense Ignacio Galiano a quien se lo responsabilizó de haber encargado el incendio a los otros imputados Iván “Chanchi” Becerra, Roberto Morales Paz y los hermanos Fabricio y Ricardo Collman,

También fue procesado el policía Gustavo Salinas y la abogada Daniela Vivas por haber ayudado y encubrierto a Galiano.


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