Incertidumbre por diálisis de pacientes del ISSN

Luis García

NEUQUÉN (AN).- La firma Dialiquén SA, le reclamó al Instituto de Seguridad Social del Neuquén una suba en el valor de cada diálisis que realiza a los afiliados. Marcó un plazo de un mes para la mejora, lo que pone en la incertidumbre a unos 43 pacientes a los que ahora la obra social deberá buscar un sitio alternativo donde atenderse. El apoderado de la firma, Eduardo Nefa, indicó que la empresa, una de las prestadoras que tiene en la provincia el ISSN, apunta a que el valor del servicio se equipare a los precios que paga la obra social nacional de los jubilados, PAMI. El Instituto abona unos 396 pesos por cada paciente atendido. Según informó Nefa, la obra social nacional paga unos 509 pesos. Por otra parte, sostuvo que hay una deuda “insostenible” de unos 800.000 pesos por servicios prestados que la firma no pudo recaudar. El corte del servicio a los pacientes sería el 30 de abril. “Es un plazo prudencial para que haya una discusión o para que el Instituto busque otras alternativas. Para nosotros las actuales circunstancias implican un impacto económico muy importante, y quizá haya otras prestadores que tengan posibilidades de afrontar la deuda”, afirmó. Por el reclamo, la empresa comunicó la rescisión del contrato a partir del 31 de marzo, si bien como lo marca el vínculo contractual, el corte de servicios recién entraría en vigencia un mes después, por lo cual al menos hasta entonces los pacientes podrán atenderse allí. De este modo, la obra social suma un nuevo inconveniente en el frente que debe atender con los profesionales de la salud: tanto el Colegio Médico como la Asociación de Clínicas han realizado medidas de fuerza de este tipo, para reclamar un incremento del valor de las consultas, y para recibir el pago de montos adeudados. A su vez el ISSN sobrelleva las consecuencias de no recibir los fondos correspondientes a los descuentos del personal de la Administración Central del Estado provincial, el Consejo Provincial de Educación, municipios y empresas públicas provinciales. Se trata de unos 200 millones de pesos. Unos 80 millones, ahora se sabe, se pagarán con bonos y efectivo, y resta saber cómo se cancelará el resto, para los que regirá una ley recientemente aprobada por la Legislatura provincial, que estipula penalidades a funcionarios que dejen de abonar los fondos. Los sindicatos vienen rechazando la cancelación de la deuda con papeles públicos. Porque uno de los temores que manifiestan es que luego no sean aceptados por los prestadores de servicios del ISSN.

La empresa prestadora reclama además por una pesada deuda que hace “insostenible” el funcionamiento del centro médico.