Indagan a jefes policiales por no cumplir una orden de desalojo

NEUQUÉN (AN)- Tres encumbrados jefes policiales comenzarán a ser indagados desde hoy, acusados de negarse a cumplir una orden de desalojo impartida por la justicia.

La serie de indagatorias empezará hoy a las 9 con el director de Seguridad Neuquén, comisario mayor Daniel Rojas. Le seguirán en los próximos días el coordinador de esa dirección, inspector Antonio Andrada, y terminará con el comisario Carlos Melo.

Así lo informó ayer el abogado de la Jefatura de Policía, Gustavo Lucero, quien anticipó que «en las indagatorias haremos alusión a los fiscales de escritorio, que nunca van al lugar del hecho, y a las autoridades de la provincia que están ausentes en casos como este».

Rojas, Andrada y Melo están acusados de «denegación de auxilio» porque en julio de este año se negaron a cumplir una orden del juez Marcelo Muñoz de desalojar un asentamiento frente a la laguna del barrio San Lorenzo.

Los policías dijeron que no estaban las condiciones dadas para realizar el desalojo porque entre los ocupantes había mujeres embarazadas y niños.

Sin embargo otros informes habrían constatado que no era cierto.

Al respecto Lucero dijo que «hay muchos informes contradictorios en esta causa, según pude comprobar al leer el expediente».

La causa penal comenzó cuando el fiscal de Cámara Rómulo Patti le envió un oficio a la fiscalía General, a cargo de Sandra Ruixo, indicándole que interviniera en la toma.

Ruixo le pidió el desalojo al juez Marcelo Muñoz quien a su vez le ordenó a la policía que lo cumpliera, lo cual no ocurrió.

Otro juez, Marcelo Benavides, fue el que dispuso las indagatorias de los policías invocando el artículo 250 del Código Penal, que impone «de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, al jefe o agente de la fuerza pública, que rehusare, omitiere o retardare, sin causa justificada, la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente».

El abogado Lucero recordó ayer declaraciones suyas de fines de julio, cuando afirmó que «los fiscales se meten detrás de los escritorios». Agregó que «otras autoridades también estuvieron ausentes en ese asentamiento» y mencionó a «la defensoría del Niño, la defensoría del Pueblo».

Lucero afirmó que en la causa «hay informes contradictorios de funcionarios públicos policiales y funcionarios municipales. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra» y no descartó que «estén apuntando más arriba, al jefe de la Policía».