Indagarán a De la Rúa por «ñoquis»

BUENOS AIRES- A casi un año de haber dejado el gobierno en medio de un clima de convulsión social, el ex presidente Fernando de la Rúa fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo 12 de marzo, en una causa en la que está sospechado de haber recibido servicios personales por parte de supuestos empleados del ex Concejo Deliberante porteño que, sin embargo, nunca habrían trabajado en ese organismo.

Según pudo saber la agencia DyN, el juez de Instrucción Alberto Baños resolvió citar al ex presidente para consultarlo sobre esta situación, luego de que la Cámara del Crimen porteña aceptara los planteos de la Fiscalía para que el ex funcionario fuera citado a declarar por presunto «peculado».

Es que, luego de varios años de investigación, el juez Baños escuchó en agosto pasado los reclamos de la Fiscalía para convocar a De la Rúa como sospechoso en esta causa por presunta malversación de fondos públicos.

Pero los abogados De la Rúa le pidieron al juez que dejara sin efecto la indagatoria del ex jefe de Estado, al subrayar la «rectitud, honradez, transparencia y compromiso», y considerar que su cliente era víctima de «persecuciones» a través de «un conjunto de causas judiciales sin fundamento».

Sin embargo, el Ministerio Público se opuso a esta respuesta y exigió que el juez Baños cite a indagatoria a De la Rúa o, de lo contrario, lo sobreseyera junto al resto de los involucrados. La situación derivó en la virtual paralización de la causa hasta que, hace unos días, el juez Baños notificó a las partes que, atento al trabajo que tenía en su juzgado, convocaba a De la Rúa para el 12 de marzo próximo.

La causa comenzó años atrás, cuando De la Rúa llegó a la Jefatura de Gobierno porteño y, en 1996, el ex concejal radical Eliseo Roselló lo acusó de haber tenido a un «ñoqui» de ese organismo como jardinero en su quinta de Pilar. La denuncia generó una causa en la que fueron citadas más de 700 personas, muchas de ellas damnificadas porque su identidad había sido usada para que alguien cobrara en nombre de ellas.

Las fuentes judiciales confirmaron a DyN que, en el marco de la investigación, a De la Rúa no sólo se lo investiga por la contratación de un jardinero que habría sido filmado arreglando plantas en su finca «La Esperanza», de Villa Rosa, en Pilar, cuando figuraba como un empleado del Concejo Deliberante porteño, con un sueldo de, entonces, 2.500 pesos o dólares.

También se menciona el caso de un estrecho colaborador de De la Rúa que, según sospechan los investigadores, nunca habría sido visto trabajando en el Concejo Deliberante.

Precisamente, los fiscales también cuentan con una causa paralela que inició De la Rúa a raíz de una serie de amenazas, en las que dijo que esas advertencias habían sido recibidas por ese asistente.

Por último, se agregan otras dos denuncias, una de ellas que indican que otro empleado del Concejo en realidad habría prestado servicios personales para Inés Pertiné, la ex primera dama.

Las fuentes explicaron que a De la Rúa no se le atribuye la figura de «malversación de caudales públicos» porque él no habría tenido la custodia sobre el dinero pagado por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y que habría sido destinado erróneamente.

Pero sí podría se le atribuyen sospechas por el delito de «peculado», es decir haberse aprovechado de esta situación, ya que -para el Ministerio Público- De la Rúa «no podía ser ajeno» a ese escenario. (DyN)