Indagatorias por planes de empleo no rendidos

La Justicia citó a indagatorias a cuatro funcionarios por la falta de rendición de los programas laborales PER. Una estimación inicial indica que el monto de la irregularidad ronda los dos millones de pesos.

El juez penal Pedro Funes, convocó para setiembre a Daniel González -ex director general de Trabajo-, Gustavo Otero -ex director de Empleo-, Angel Poggi -ex director general de Administración- y María Miran -ex subdirectora de Administración.

Los citados deberán explicar las razones por las que Trabajo no justificó el uso de fondos destinados a planes para desocupados en el Programa de Empleo Rionegrino (PER). Estos recursos fueron utilizados entre 2001 y 2003, mayoritariamente en la gestión de la actual legisladora Ana Piccinini al frente de la secretaría de Trabajo.

En las últimas semanas, Funes convocó a testigos y posteriormente estableció indagatorias para cuatro ex funcionarios de Trabajo, hoy con funciones en otras áreas del Estado. González y Poggi cumplen tareas legislativas, Otero es director en el IPPV mientras que Miran prestaría servicios en Familia.

En el 2003, en Trabajo se detectó un desvío de fondos de parte de un empleado, lo cual mereció la denuncia de Piccinini en la Fiscalía de Investigaciones. Ese hecho concluyó con el procesamiento del denunciado Marcelo Linares. Pero aquel órgano de control profundizó la investigación para determinar un faltante millonario en las rendiciones de los PER, que determinó en abril de 2004 la denuncia penal en el juzgado de Funes, con la fiscalía a cargo de Ricardo Falca.

En lo penal, la investigación derivó ahora en el llamado a indagatorias que se habría concretado hace algunos días, pero la información recién trascendió en las últimas horas.

En lo administrativo, en junio, la Fiscalía de Investigaciones promovió juicio de responsabilidad por irregularidades en el otorgamiento de los programas laborales por un monto superior a los 2 millones de pesos. La Fiscalía destaca la incertidumbre sobre el destino final de esos fondos que debían llegar a programas laborales y sociales.

Por esas irregularidades, el fiscal Pablo Berraz pidió al Tribunal de Cuentas el enjuiciamiento de cinco ex funcionarios de Trabajo: los cuatro citados por la Justicia -González, Otero, Poggi y Mirán- y Mario Prieto.

El Programa de Empleo Rionegrino (PER) tiene más de cinco años y su utilización siempre es motivo de debate. Este esquema para desocupados comenzó en abril de 2001 después que Nación asignará a Río Negro aportes para proyectos laborales. El programa se inició con la gestión de Alejandro Betelú en Trabajo aunque esa cartera quedó vacante en setiembre hasta que asumió Piccinini, en abril de 2002.

Además de estas investigaciones, el bloque Encuentro también formalizó en junio nuevas denuncias penales en Roca y repitió los cuestionamientos sobre los destinatarios del beneficio.

La causa de los PER muestra entre 2001 y 2003 notables irregularidades por su falta de rendiciones o, directamente, por sus anomalías.

En su solicitud de juicio de responsabilidad, la Fiscalía destaca la existencia de «un mecanismo permanente de escape de dineros públicos, cuyos destinatarios definitivos resulta de difícil detección», por lo cual se imputa «responsabilidad sobre quienes debieron ejercer el control y seguimiento para garantizar la finalidad de los beneficios sociales». Esa responsabilidad «tendrá su origen en un obrar negligente, culposo o doloso», advierte.(AV)