Información pública, que no es pública

Con pretextos frágiles, el gobierno neuquino niega datos a un fiscal. Pero una investigación de este diario avanza en develar el destino de 60 millones de pesos gastados en publicidad por el gobierno de Jorge Sobisch en el 2007.



El subsecretario de Información Pública, Antonio Artaza, se tomó dos meses para no contestar- a un oficio del fiscal Ignacio Di Maggio sobre contrataciones de publicidad del año 2007, que en total sumaron unos 60 millones de pesos. Ese monto bajó a poco más de 23 millones en 2008, el primer año de gobierno de Jorge Sapag. Dijo Artaza que no podía dar esa información porque su gestión se inició el año siguiente, cuando concluyó el último mandato de Jorge Sobisch, y además, porque no cuenta con el personal suficiente para encarar esa tarea. Tampoco contestó al pedido de suministrar los datos de identidad de los funcionarios que trabajaban ese año en la subsecretaría, entre ellos la señora Hilda López. Actualmente se desempeñan en esa área unas 50 personas, sin contar con las de Radio y Televisión de Neuquén –ente que depende de Artaza– que son 160. La información requerida por Di Maggio incluyó a las firmas Praxis SRL, Giapralo SA, Grupo Crear SRL, Reale Dallatorre Consultores SA y Eduardo Jorge Cuni. La mencionada en primer término, apenas conocida antes de 2007, recibió y cobró, ella sola, más de 700 órdenes de publicidad ese año, todas originadas en el ministerio de Producción y Turismo a cargo de Marcelo Fernández Dotzel. Esas firmas son, como Praxis, desconocidas en Neuquén aunque, sospechamos, Artaza debe saber algo de ellas. Como que, por ejemplo, Rosario Exterior fue disuelta, y de Giapralo solo se pudo saber que tiene un domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Y es seguro que este funcionario sabe de la agencia Reale Dallatorre Consultores. Son dos mendocinos –con oficinas desde hace años en el pasaje Carabelas de la ciudad de Buenos Aires– que hicieron la campaña de Sobisch para presidente de la Nación, y que también trabajaron para Mauricio Macri. Cuni fue empleado de la firma y figura, a la vez, como proveedor de publicidad, con una facturación de 187.500 pesos. El, con Dardo Lucero, también empleado de Reale Dallatorre, fueron a la vez dueños de Praxis. Polifacéticos, se diría. Sorpresas Los nombres que figuran en la lista de proveedores del 2007 son un manantial de sorpresas. Están allí los de los periodistas Mariano Grondona y Luis Majul, quienes entrevistaron al candidato neuquino a presidente en sus programas Hora Clave y La Cornisa, y como proveedores de publicidad percibieron 72.600 y 53.317,44 pesos. Según la lista recibió mucho más, 254.000 pesos, Rosanna Edith Solvey Galimberti, una docente que vive en Allen. Consultada por este diario no quiso contestar, alegando que estaba en una reunión. Ante una segunda llamada dijo que estaba celebrando su cumpleaños, y solo admitió que se ocupaba de “servicios periodísticos”. Daniel Agustín Alvarado luce aún más arriba en la lista, con 288.150 pesos. Fue visitado por “Río Negro” en la casa de sus padres, con quienes vive. Admitió haber cobrado, pero “no tanto”, aseguró. Estimó que lo cobrado no pasó de unos 200.000 pesos en total. Aparentemente, todo el arreglo con él fue verbal, porque no recibió, ni entregó, nada por escrito. “Flojo de papeles”, suele decirse. De la incertidumbre a la sospecha En una nota relativa a este asunto decíamos del “incierto origen y destino” de estos 60 millones. Pero la investigación ha avanzado lo suficiente como para sospechar de que el destino es, por lo menos, turbio. Véase, por ejemplo, la que cobró una firma Patarg SRL, gerenciada por Geraldina Dufour Fantini que, modestamente, empezó en 2007 recibiendo solo cinco mil pesos. Pero después, en un salto de dimensión olímpica similar a otros que ya hemos mencionado, embolsó hasta hoy, ya con Sapag en el gobierno, 6.574.657 millones de pesos. Como si eso fuera poco, Geraldina se las arregló para, en mano propia, cobrar por sus servicios publicitarios 100.000 pesos cuando Artaza no estaba y 784.738 cuando sí. Felicidades, Geraldina. Y para terminar, Braspin SA es una empresa constructora que gusta de aportar a las campañas electorales de los candidatos emepenistas. Como contratista del Estado que ha sido no podría haberlo hecho, pero lo hizo, lo que ha traído algún disgusto a Sobisch y a su sobrino Rodrigo. Tal vez lo más interesante sea que un ingeniero de Braspin, Daniel Rodríguez, apareció también en la lista de proveedores, con poco más de 50.000 pesos. Visitado por este diario, no tuvo inconveniente alguno en declarar que nunca fueron proveedores publicitarios. “Hay dos caminos: o me falsificaron la firma o es un disfraz”, dijo.

Jorge Gadano Informe de Carlos López


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