Ingredientes tóxicos para la economía

Para la economía se avecinan tiempos aún más complicados. No pasa semana sin que aparezcan nuevos ingredientes "tóxicos" que realimentan la incertidumbre de un sector privado ya mareado por un cóctel que combina caída del salario real, del empleo, del consumo y de la actividad económica, en medio de escasez de dólares y un desborde de gasto público que obligará al Banco Central a emitir pesos al por mayor en los últimos meses del año, lo cual presagia una mayor aceleración cambiaria e inflacionaria.

La semana económica

Con el sorpresivo envío al Congreso del proyecto de ley de «Pago Soberano Local» de la deuda externa, Cristina Kirchner hizo su aporte para despejar la incógnita sobre si el actual default sería transitorio o duradero: si es sancionado, habrá default para rato. Incluso, ni mencionó ahora la cláusula RUFO, cuyo vencimiento a fin de año abría la perspectiva de algún arreglo con los fondos buitre a comienzos de 2015.

Por el contrario, la iniciativa patea el tablero y oficializa el incumplimiento del fallo del juez Thomas Griesa que, tras ser convalidado por la Corte Suprema de los EE.UU., imposibilita cobrar a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 bajo legislación extranjera (holdings) hasta que la Argentina no les pague a los holdouts que ganaron el juicio. Por un lado, ofrece pagarles a todos los holdouts (e incluso depositar los fondos en una cuenta especial en el BCRA) los mismos montos que si hubieran ingresado a aquellos canjes. Difícilmente esta propuesta prospere, si se tiene en cuenta que el rechazo a los canjes dio lugar a este juicio perdido por la Argentina. Por otro, remueve al Bank of New York (BoNY) como agente de pago y lo reemplaza por Nación Fideicomisos u otra entidad que puedan designar los holdings, a los que ofrece ahora un canje «voluntario» de sus títulos, si optan por cambiar el domicilio de pago a Buenos Aires y someterse a la legislación argentina.

En los papeles, estos atajos le permitirían al gobierno de CFK seguir pagándoles a los bonistas que acepten el cambio de jurisdicción, sin reconocerles ni un dólar más a los holdouts que ganaron el juicio; ni ahora ni en el futuro. Pero en la práctica, implican «puentear» el fallo de Griesa, que ya en 2012 había previsto prohibir cualquier canje para eludir su cumplimiento. De ahí que el juez haya considerado «ilegal» el proyecto (para la Justicia de los EE.UU.) y el Ministerio de Economía haya replicado que esa declaración afecta la soberanía argentina.

Así no sólo se aleja la salida del actual default, que cierra las puertas al financiamiento externo que hasta hace tres meses el gobierno de CFK buscaba obtener para una economía anémica de dólares. También abre las puertas a una nueva generación de holdouts y de eventuales fondos buitre. No todos los fondos de inversión extranjeros pueden, por razones estatutarias, cambiar de jurisdicción. Y otros no quieren someterse al mayor riesgo argentino. Si optan por esperar, otros acreedores pueden pedir la «aceleración» de los títulos para hacerlos exigibles. Todo esto daría lugar a nuevos juicios para resolver en los próximos años.

De ahí que la oposición en el Congreso haya anticipado su voto en contra, por más que el oficialismo busque embretarla en la consigna «Patria o Buitres». La soberanía se utiliza aquí como sinónimo de discrecionalidad y mayor aislamiento internacional. Sin número suficiente para modificar o rechazar el proyecto, al menos esta vez no convalidaría otro hecho consumado que le endosará nuevos problemas al futuro gobierno. La movida de CFK de redoblar la apuesta agrega más problemas a un innecesario de default que podría haber evitado con cierta flexibilidad para negociar. Sólo Daniel Scioli y otros gobernadores lanzados como precandidatos del cristinismo anticiparon su apoyo, más que nada porque necesitan la asistencia financiera de la Casa Rosada para evitar crisis de pagos en sus provincias.

En lo inmediato, también cambia el escenario para la transición hasta diciembre de 2015. Con un default prolongado y sin acceso al financiamiento externo, el gobierno de CFK deberá moverse en una economía con escasez de dólares y abundancia de pesos. Esto implica un peso más desvalorizado (dólar más caro), como ha venido ocurriendo en los últimos días. Y, por consiguiente, más riesgos de que se acentúen la inflación y la recesión. Todo indica que la estrategia oficial será seguir aumentando el gasto público y la emisión para apuntalar el consumo y el nivel de actividad. Pero a cambio de reforzar los controles cambiarios (para racionar el uso de dólares y preservarlos para importaciones de energía) y también de precios (para reprimir la inflación y evitar una mayor caída del salario real).

Aquí entra en escena otro ingrediente tóxico para la economía: la decisión de CFK de reformar la vetusta Ley de Abastecimiento, para reemplazarla por la denominada «Ley de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo», tanto o más intervencionista que la actual, pese al rechazo unánime de las principales entidades empresarias y los minoritarios bloques opositores.

Para quienes no se hayan interiorizado en detalle, vale recordar que este polémico proyecto no limita sus alcances a los precios y abastecimiento de productos de primera necesidad -como la ley sancionada hace 40 años-, sino que los extiende a todas las actividades económicas. También otorga a la Secretaría de Comercio Interior (SCI) mayores atribuciones para controlar precios y autoriza a los gobernadores provinciales a fijar precios máximos. Cuando por problemas de precios o abastecimiento se apliquen multas a empresas o directivos (de hasta 10 millones de pesos), primero deberán pagarlas y luego apelar ante la Justicia. Y si bien elimina la pena de arresto, prevé clausuras de establecimientos de hasta 90 días que, en caso de reincidencia, podrán ser definitivas. El Estado, en caso «de ser necesario» (una definición más que difusa), podrá intervenir en los procesos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precios (máximos, mínimos y de referencia), volúmenes de producción y de stocks. Además, queda habilitado para manejar indirectamente compras y ventas de compañías; suspender concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados; incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación; o requerir a las empresas «toda la documentación relativa al giro comercial».

No hace falta ser abogado para deducir que esta arbitraria ley afecta los derechos de propiedad, libertad de comercio y defensa en juicio, entre otros, y que difícilmente sea convalidada por la Justicia. Pero entretanto significará entretanto convertir al sector privado en el chivo expiatorio de los problemas derivados de los desequilibrios macroeconómicos. Con inflación más alta y trabas a la importación de insumos, tampoco defenderá a los consumidores ya que conspira contra el aumento de las inversiones privadas, que es lo que más se necesita para salir de la recesión.

El economista Enrique Szewach sostiene al respecto que «resulta difícil entender la lógica de un esquema donde los problemas se solucionan agravando los problemas. Es como combatir una indigestión por comida en mal estado, ingiriendo más de la misma comida».

Néstor O. Scibona


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