Iniciarán causas por daños a los ocupantes de las 120 viviendas

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El juez Ricardo Calcagno evaluaba ayer el inicio de acciones penales por los daños causados en las 120 Viviendas del IPPV que continuaban tomadas por un número indeterminado de familias.

Al menos unas 25 casas fueron dañadas y saqueadas por ocupantes que dejaron voluntariamente la toma y estarían identificados. La situación, constatada personalmente por el magistrado, podría incidir en el pedido de extinción de la acción penal incluido en la mediación que lideró el municipio para evitar el desalojo compulsivo del complejo.

Las negociaciones, que favorecieron la salida pacífica del grueso de los ocupantes, no lograron cerrar el conflicto sostenido por un número indefinido de personas. De acuerdo a la información suministrada por la policía, unas doce familias permanecían en el barrio ocupando igual cantidad de casas.

Mientras que para el municipio el dato era erróneo y el grupo intransigente se reducía a tres familias. El intendente Marcelo Cascón señaló a «Río Negro» que «no doy el caso por cerrado» pero descartó el número manejado por la policía.

«Hay gente que se fue y no entregó la vivienda y hay casos en que la gente no está efectivamente ocupando la vivienda, no está morando adentro, entonces lo de los 12 casos no se ajusta a la realidad», sostuvo.

Según la evaluación realizada por el mandatario, hasta el mediodía quedaban unas cinco familias de las cuales dos se comprometieron a retirarse en horas de la tarde y las tres restantes no tenían una decisión tomada. «Más allá del número lo estamos siguiendo de cerca, trabajando en conjunto con el juez y con los propios vecinos y nos comprometimos a ver cómo se resuelve si hay algún caso que se haya demorado algunas horas más de lo previsto en dejar las viviendas», dijo.

El mandatario aseguró que los compromisos asumidos para la reinstalación de las familias se plasmaron por escrito, que los aportes económicos y en materiales ya están cumplidos y que la integración de cooperativas para la gestión de tierras y la construcción de viviendas va a quedar asentada.

El acuerdo general incluye la conformación de tres cooperativas de 16 familias cada una para la autoconstrucción de viviendas con financiamiento nacional y la compra de unas cuatro hectáreas contiguas al plan 130 Viviendas con fondos municipales y provinciales.

Cascón desestimó que las negociaciones sostenidas con los ocupantes de las 120 puedan alentar nuevas tomas y sostuvo que esa posibilidad se neutraliza «encaminando lo que no se hizo durante años en Bariloche que es (estructurar) una política de tierras de la mano de una política habitacional que no dependa exclusivamente de los grandes planes de vivienda». Como parte de esa definición política Cascón confirmó ayer la designación de Andrea Arch al frente de la «coordinación » de Tierras.