Insisten en la falta de controles

Una segunda auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ratificó observaciones planteadas en junio pasado al manejo de los fondos por parte de Río Negro. Reiteró «importantes falencias de control interno».

El nuevo análisis se centró en «la adquisición de productos semielaborados» y se cumplió a fines de setiembre. Se revisaron «remitos de alimentos preelaborados (empresa MASILY S.A.) correspondientes al año 2002» y los envíos de abastecimiento de comedores comunitarios. También, se visitó el municipio de General Conesa para «verificar las cantidades de preelaborados recibidos en ese distrito provenientes» de la provincia.

En principio, la Sindicatura ratifica el hallazgo «en cuanto a la existencia de 6 facturas de alimentos preelaborados» correspondientes a entregas del año 2001 que fueron imputadas al programa nacional.

Agregó que «el responsable manifestó que los reemplazos se acordaron con el proveedor en forma verbal, considerando que hay un precio común para todas las raciones».

Además, esta segunda auditoria insistió en que «en la adquisición de preelaborados no se efectúa un examen sobre la numeración de los remitos y su concordancia con las facturas presentadas por el proveedor». Se remarcó que «la gestión del Programa, a nivel provincial, convalide gastos sin contar con un sistema mínimo de control interno que respalde la veracidad de los mismos».

En la adquisición de semielaborados presenta «importantes falencias de control interno que ameritan inmediata regularización, especialmente en lo referente al circuito de aprobación de facturas».

De la visita a Conesa, la Sigen advirtió que «la entrega de la mercadería no siempre se realiza en forma directa a los destinatarios finales sino que en determinadas oportunidades interviene un representante de Acción Social». Entendió que ese sistema no lleva «los recaudos correspondientes de control interno (libro o registros de stock, documentación oficial y en su caso, depósito declarado, sujeto a inspecciones).

Por eso, la auditoria recomendó que se deben «arbitrar las medidas para establecer un sistema de registro y control, independiente e integral, para la recepción y entrega de los productos». Reiteró que se debe «proceder a la instauración de un sistema de distribución final acorde a lo dispuesto en la normativa, donde conste la firma del intendente, o quien lo represente, o del destinatario de los alimentos». (AV)