Instrucciones a fiscales para investigar torturas

Exige celeridad y protección efectiva de la víctima.




NEUQUÉN (AN).- Ante una denuncia de apremios ilegales o tortura, los fiscales deberán tomarle una declaración videofilmada a la víctima en forma urgente y disponer su traslado a otra unidad de detención. También deberán pedirle de inmediato al juez una orden de allanamiento del lugar donde ocurrieron los hechos y secuestrar, entre otros elementos, las ropas de los policías potencialmente involucrados. En todo momento pedirán apoyo a una fuerza de seguridad “distinta a la que pertenecen los supuestos agresores”. Estas son algunas de las pautas incluidas en el “Protocolo de actuación del ministerio público fiscal para la investigación de severidades, vejaciones, apremios ilegales y torturas”. Fue publicado en la última reunión de acuerdo del Tribunal Superior de Justicia. Se trata de un instructivo dispuesto por el fiscal Alberto Tribug, de obligatorio cumplimiento. En los últimos años emitió disposiciones similares para actuar ante cortes de ruta y en presuntos casos de trata. En el caso de los apremios ilegales, señala que el fiscal que intervenga deberá “arbitrar los medios necesarios para asegurar que la víctima y los testigos declaren sin la presencia de agentes de ninguna fuerza de seguridad”. Destaca que debe tenerse en consideración el género del declarante, quien podrá optar por denunciar ante funcionarios de sexo masculino o femenino. Hay varias pautas destinadas al resguardo de la víctima: deberá ser trasladada a la fiscalía para tomarle declaración, y luego relocalizarla en un establecimiento distinto. Para evitar que lo castiguen destinándolo a un punto alejado, el protocolo advierte que “se intentará arbitrar los medios para que no sea trasladado a una dependencia cuya lejanía le impida o dificulte el contacto con su familia”. El protocolo destina varios puntos a establecer pautas para el interrogatorio de la víctima y de los médicos que la atendieron. Luego instruye a los fiscales para que pidan al juez interviniente “el urgente allanamiento del establecimiento donde ocurrieron los hechos”. Y aclara que “la medida deberá ser ejecutada por una fuerza distinta a la que pertenecen los supuestos agresores”. Recomienda secuestrar prueba documental (legajos, libros de guardia, etcétera) y también “la indumentaria de las personas potencialmente involucradas en el hecho investigado para el correspondiente examen forense”. Además, deberá elaborar “un cuadro de autoridades en funciones en el establecimiento” para conocer la cadena de mandos al momento del hecho.

Ahora es obligatorio que la ropa de los agentes bajo sospecha sea secuestrada.


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