Inteligencia peligrosa 07-02-04

Por Carlos Segovia

Aunque transitando por distintas etapas procesales, se encuentran en estos días en pleno juzgamiento dos hechos delictivos de trascendencia para nuestra sociedad: el atentado a la AMIA y los sobornos en la Cámara de Senadores de la Nación.

Estos crímenes, tan disímiles entre sí tanto por sus consecuencias como por sus objetivos, registran sin embargo un elemento común: la participación de la SIDE.

En el caso AMIA está acreditado que se pagaron 400.000 dólares al acusado Telleldín para que atestiguara en contra de los policías que aparecen involucrados en la causa, en un acto totalmente irregular y de dudosa validez.

En el otro hecho, estaría probado que fue de este organismo de donde salieron los 6.000.000 de pesos usados para sobornar a los senadores a fin de que votaran la ley de flexibilización laboral, según lo denunció «Río Negro» en su edición del 3/10/00.

En ambos casos la SIDE habría utilizado «fondos reservados» para la compra de voluntades. El manejo de estos fondos resulta ser para la ciudadanía uno de los misterios inaccesibles de las actividades de este organismo, donde el secreto es su principal característica, al extremo que la propia ley 20.195, que regula sus actividades, es una de las llamadas «leyes secretas», un verdadero anacronismo, impropio del sistema republicano.

Desde el retorno a la vida democrática en 1983, en numerosas oportunidades se reclamó por el control de actividades y el recorte de los cuantiosos «gastos reservados» del organismo, sobre los que no existen rendiciones de cuentas verificables, aunque poco se hiciera en tal sentido al no existir la suficiente voluntad política para ello.

Los «gastos reservados» han sido tenidos siempre como un elemento esencial para las actividades de inteligencia, y en tal sentido resultan ilustrativas las declaraciones que formuló a la desaparecida revista «La Maga», el 13 de agosto de 1997, Facundo Suárez, titular de la SIDE durante gran parte del gobierno de Raúl Alfonsín, quien reconoció: «Se puede discutir todo, incluso el manejo de los fondos. Pero sin gastos reservados no existiría la SIDE».

El presupuesto de la SIDE evolucionó de 34 millones de pesos en 1989, cuando asumió Carlos Menem, a los 360 millones de pesos-dólares con los que se cerró el período menemista.

El actual presupuesto asciende a $ 240.000.000, dinero que supera en mucho las sumas que en conjunto destinan las provincias de Río Negro y Neuquén para atender la salud pública de sus habitantes.

Tan cuantioso presupuesto, manejado «a piacere», le ha servido a la SIDE para financiar actividades de dudosa legalidad, tales como el pago de sobresueldos a legisladores y funcionarios e «incentivos» a periodistas, como también para solventar gastos políticos partidarios y mantener un numeroso plantel de personal «orgánico» más los llamados «inorgánicos», entre quienes han figurado asesinos a sueldo como Raúl Antonio Guglielminetti, Eduardo Ruffo o el coronel Visuara, integrante de los grupos de tareas durante la dictadura.

Pero la oscura historia del organismo de inteligencia no se limita a estos manejos financieros espurios, sino que también comprende su participación en otros tipos de hechos criminales. Como ejemplo podemos mencionar el ocurrido el 13 de junio de 1957 durante la llamada «Revolución Libertadora», cuando fue asesinado en su estudio jurídico, ubicado a escasas cuadras de la SIDE, el abogado Marcos Satanovsky, patrocinante de la familia Peralta Ramos en un juicio contra el gobierno nacional por la propiedad del diario «La Razón». La comisión investigadora de la Cámara de Diputados, presidida por Agustín Rodríguez Araya, estableció en forma indubitable que detrás del crimen estaba la SIDE, en esa época conducida por el general Cuaranta, todo lo cual fue registrado por Rodolfo Walsh en su libro «El caso Satanovsky».

A todo ello debemos agregar que tampoco la SIDE logró destacarse por una labor que sirviera verdaderamente para evitar daños al país y a su gente, resultando muy difícil poder registrar hechos positivos en tal sentido.

Durante el gobierno de la Alianza se sancionó el 6/12/01 la nueva ley de Inteligencia Nacional. Esta ley, que lleva el número 25.520, no produce un cambio sustancial sino que en definitiva es una reiteración de la estructura de inteligencia existente, con algunos aspectos parciales que pretenden mejorarla y otros que potencian los aspectos negativos, especialmente por el incremento de facultades.

A partir de la ley, la SIDE cambia su denominación por la de Secretaría de Inteligencia (SI), que se convierte en el organismo superior del nuevo Sistema Nacional de Inteligencia que además se integra con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y con la Dirección Nacional de Estrategia Militar.

Tal vez el cambio más positivo que podemos señalar sea que se trata de una ley pública, saliendo por lo tanto de la injustificable condición de las leyes secretas.

La ley crea una Comisión Bicameral de Fiscalización para controlar los organismos de inteligencia, con facultad para revisar los gastos que la actividad demande. Lógicamente, que este elemento resulte positivo dependerá de la actitud de los legisladores, sobre todo teniendo en cuenta que, en los dos años que lleva la ley, la comisión no realizó otra actividad que nombrar a sus integrantes y recordando, además, la pobrísima actuación que tuvieron otras comisiones parlamentarias, como las que debían controlar a empresas de servicios privatizadas.

Fija una serie de normas en la actividad de inteligencia a fin de proteger los derechos y garantías de los habitantes, tales como prohibir obtener informaciones, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por razones de raza, religión, acciones privadas, opinión política, actividad sindical, cultural, cooperativa, etc.

Sin embargo, la falta de límites precisos de esa actividad y el no definir concretamente en qué consisten las amenazas contra la Nación hacen que puedan ser considerados como peligrosos grupos de huelguistas, los piqueteros, las mujeres agropecuarias o cualquier grupo que proteste o reclame por sus derechos, como ya ocurrió en estos últimos tiempos.

Es cuestionable que la ley otorgue a la SI en forma exclusiva la función de interceptar las comunicaciones telefónicas que requiera el Poder Judicial, permitiéndole conocer en forma anticipada datos de cualquier causa, lo que puede resultar peligroso tanto para las personas como para la investigación.

Negativo y peligroso resulta, asimismo, concederle al Secretario de Inteligencia el rango y jerarquía de ministro dirigiendo un organismo del cual dependen todas las actividades de inteligencia, con una acumulación de poder excepcional.

Según especialistas, tal concentración de poder en un solo funcionario no reconoce antecedentes en la historia de la inteligencia a nivel mundial, ya que ni siquiera la tuvo el legendario Comité para la Seguridad del Estado de la URSS -más conocido por sus siglas, KGB- porque no tenía ninguna injerencia en materia de inteligencia militar, y afirman que en este aspecto los legisladores argentinos han seguido el modelo de la dictadura militar brasileña.

Desde ámbitos políticos siempre se sostuvo, sin aportar muchos elementos que avalen ese juicio, que el país no puede prescindir de los servicios de inteligencia sin poner en peligro la seguridad de la Nación. El problema se plantea cuando esos organismos, amén de ineficaces, se convierten en un factor de corrupción y de inseguridad para los ciudadanos.