Intervinieron el Servicio Penitenciario en Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Felipe Solá, intervino anoche el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), a raíz de casos de «corrupción burocrática centralizada» y será designado un civil al frente de esa institución.

Sobre la institución pesan numerosas denuncias referidas a que los carceleros facilitan la salida de los delincuentes para que roben y luego repartan el botín, al tiempo que existen varios casos en que los presos fueron liberados para que «apretaran» jueces y fiscales que investigan la corrupción en el SPF.

Mientras tanto, para el Plan Federal de Seguridad del gobierno comenzaron las dificultades. Es que en la Cámara de Diputados, a diferencia del Senado hay resistencia a aprobar algunas

medidas. El ministro Beliz fue recibido con críticas a la idea oficial de bajar la edad de imputabilidad, entre otras cosas.

Admitió, al respecto, que «tal vez hubo una mala comunicación» de la iniciativa que el próximo lunes la cartera consultará con Unicef Argentina, organización que, según reveló, anticipó la adhesión al proyecto esbozado».

Beliz escuchó críticas también por la unificación de la justicia federal y nacional -que, a juzgar por diputados porteños, afectará el traspaso de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires-; la introducción de comisionados civiles en comisarías federales; y la actuación de su cartera con los fiscales antisecuestro. Además, el radicalismo le cuestionó al funcionario nacional no haber hecho consultas previas al lanzamiento del plan de seguridad que efectuó el Gobierno el último lunes.

Tras la visita de Beliz, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que busca regular el mercado de los celulares usados, con la intención de combatir su uso por parte de las bandas de delincuentes. También aprobaron el aumento de penas para el abigeato.

Solá por decreto

Solá ordenó la intervención del SPB, a través de un decreto provincial, y desplazó del cargo a quien era el jefe de esa institución José Laumann y al subjefe Daniel Iglesias, quienes serán reemplazados por civiles.

Los detalles de la intervención serán dados a conocer hoy.

«La decisión no está atada solo a las denuncias de torturas, sino también a irregularidades en la parte operativa y administrativa», dijo una fuente.

La intervención del SPB había sido reclamada desde un sector de la Justicia provincial y por el radicalismo bonaerense, encabezado por Margarita Stolbizer.

El camarista de San Isidro Fernando Maroto reclamó en reiteradas oportunidades la intervención del SPB ante las reiteradas denuncias de reclusos que decían que sus carceleros los querían contratar para matar al magistrado. La medida fue bien recibida por Maroto, quien aseguró que «es un gran paso inicial para ir por el buen camino.

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