Intimaciones para 350 deudores del ex BPRN

Son algunos de los productores morosos con la desaparecida entidad provincial. La Fiscalía de Estado aclaró que sólo se busca resguardar las garantías existentes

El Estado rionegrino inició más de 350 acciones contra productores por deudas originadas en el ex Banco de la Provincia de Río Negro. Los expedientes de los morosos para demandas rondan el millar.

El Fiscal de Estado, Alberto Carosio, confirmó aquellas acciones jurídicas pero aclaró que las mismas se «encuadran en resguardo de las garantías» existentes en cada operación.

En la reunión con representantes de la Federación de Productores, el gobernador Miguel Saiz ya había reiterado que esas demandas están destinadas a mantener la vigencia de las garantías crediticias. Así el mandatario transmitió tranquilidad a sus interlocutores.

La cartera deudora del sector frutícola representa a más de 1.500 productores y suman más de 22 millones.

Esas acciones jurídicas coinciden con otra negociación del gobierno provincial con la entidad productiva a partir de un proyecto del Ejecutivo que permitiría a los deudores cancelar la mitad de sus pasivos con inversiones en sus chacras mientras el otro 50 por ciento se cancelaría con un programa de pago que prevé el actual marco legislativo.

La Federación solicitó que el porcentaje de inversión fuera del 90 por ciento y el gobernador ofreció un máximo del 60 por ciento. Finalmente, Saiz propuso que aceptaría aquella propuesta de los productores siempre que las entidades asuman la cartera deudora con la administración y su gestión de cobro. La federación -que preside Eduardo Artero- todavía no respondió a esa última propuesta.

 

El criterio de Rodríguez

 

Por otra parte, el ex ministro de Economía y hoy legislador José Luis Rodríguez, manifestó que «el criterio más equitativo y justo» se corresponde con mantener sólo un 50 por ciento para cancelar con inversiones. Dijo que el productor que «tiene fondos para más inversiones, es porque puede pagar» y además hay que ser justo con «aquellos que no pidieron créditos, los que lo pidieron y pagaron, y también quienes realmente no pueden pagar».

El proyecto de decreto s originó cuando Rodríguez conducía todavía la cartera de Economía. El ahora presidente de la comisión de Asuntos Económicos expresó que «la efectiva cancelación de la otra mitad de la deuda está destinada a la reinversión en la actividad y disponer de la posibilidad que se favorezca a otros productores».

Desde hace años, el Estado provincial mantiene un régimen de refinanciación a 10 años, pero las respuestas de los deudores fueron escasas.

Economía también proyectó la transferencia a las cámaras de productores de las carteras para su gestión de cobro. Esa posibilidad tuvo un rechazo generalizado.

Las cancelaciones no se concretaron, entonces Hacienda remitió a la Fiscalía de Estado cerca de un millar de expedientes para accionar judicialmente. Ya se confirmó la tramitación de más de 350 demandas a productores de diferentes regiones.

Como otro resguardo, en diciembre pasado, Río Negro suspendió los remates y las ejecuciones de los créditos impagos otorgados a los productores frutihortícolas primarios por el ex Banco de la Provincia de Río Negro. (AV)


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