Intiman a Provincia por hacinamiento en hogar de menores
Los defensores de Menores e Incapaces promovieron un amparo en nombre de los jóvenes, niñas y niños alojados en el Caina de Bariloche.
JUSTICIA
La jueza de Familia, Marcela Trillini hizo lugar este jueves a la medida cautelar interpuesta por los defensores de menores de la Tercera Circunscripción Judicial y le fijó un plazo perentorio de 30 días al Ministerio de Desarrollo Social para que solucione las situaciones de hacimiento del Caina Adolesdentes de Bariloche.
El amparo fue presentado por la totalidad de la Defensorías de Menores e Incapaces que denunciaron que el edificio, recientemente acondicionado, está superpoblado ya que cuenta en la actualidad con diez menores alojados cuando solo tiene capacidad para seis.
En su resolución la magistrada concluyó que “se encuentran sobradamente vulnerados los derechos de las adolescentes allí alojadas y de sus hijos” tanto por el estado del edificio como como por la saturación de las instalaciones.
En tal sentido destacó que “el hacinamiento, la falta de privacidad de las jóvenes madres para amamantar y cuidar a sus bebés, el mobiliario deficiente, los espacios reducidos y el deterioro general del lugar, lejos su ubican de los estándares básicos que deben cumplirse en pos de garantizar una estancia digna a quienes allí se alojen”
Además recordó que las adolescentes alojadas no pueden vivir con sus familias por “desgraciadas circunstancias” y que en la situación planteada “se las revictimiza asignándoles un alojamiento que claramente vulnera su integridad psicofísica”.
El edificio carece de espacio de recreación, puertas en las habitaciones, espacio de estudio para las jóvenes que está escolarizadas. Trillini fue concluyente al señalar que todo esto “claramente atenta contra su dignidad y su derecho a estudiar, máxime teniendo en consideración lo difícil que es mantenerse en el sistema educativo criando hijos”.
La magistrada intimó al Ministerio a corregir la situación en un plazo máximo de 30 días bajo apercibimiento de “incurrir en los ilícitos de violación de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial” y de imponerle sanciones civiles.
DeBariloche
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