Invento policial de incomunicación con mordaza

por: FRANCISCO N. JUAREZ

FRANCISCO N. JUAREZ

fnjuarez@sion.com

El fiscal del proceso al comisario José María Torino y a los demás encausados policiales (José Falcón, Francisco Marileo, Andrés Caminao, José M. Troncoso y Agapito Lorca, entre otros) por abuso de autoridad y lesiones graves contra los acusados de muertes –que se habrían consumado entre 1904 y 1909- a vendedores itinerantes sirios libaneses «se expide pidiendo para los procesados la pena de cinco años de penintenciaría por considerar que están probados los delitos de lesiones graves y abuso de autoridad…».

Si se recapitula, la desaparición de decenas de «turcos mercachifles» por presuntos asesinatos en Lagunitas -sudoeste de Río Negro-, sucedió a partir del caso por el que, en abril de 1909, se remitió a 11 aborígenes trasandinos a la cárcel de Viedma.

La investigación del comisario Torino desde el modestísimo destacamento policial de El Cuy, resultó oportunamente reforzada al ampliarse el plantel que tomó a los presuntos criminales, pero que, también, trató brutalmente a los presos, lo que derivó en su propio procesamiento.

Esa causa se abrió a prueba mientras en la cárcel de Choele Choel se morirían 14 acusados por los crímenes, con secuelas de golpes y lesiones graves recibidos (según los resultados de las autopsias certificadas y agregadas al proceso). Una luctuosa cifra alcanzada el 29 de octubre de 1910 con la muerte de Juan Cuyá.

En el primer cuerpo del sumario a los policías golpeadores, la declaración de José María Torino (fojas 54 a 59) reprueba como falsas las acusaciones; dice que «es (por son) absolutamente falsos los hechos que se le imputan respecto de los testigos (equivocación textual por «castigos») corporales impuestos a los detenidos José Alonso, Ñancuche, Marilán y Vera, pero declara que es cierto que hizo atar de pies y manos a José Alonso con los demás detenidos para evitar evasiones y mantenerlos incomunicados…».

Lo trascripto pertenece al testimonio sobre esas actuaciones que fue agregado a otro expediente (el 1744 – Letra S –año 1915 – de Río Negro a la vez agregado al 8332 del mismo año del AGN) por el que intentaba reincorporarse a las filas policiales el ex subcomisario de Río Negro Cristian E. Christiansen, que había sido debidamente sobreseído en el mismo asunto, ya que fue un oficial de refuerzo enviado a El Cuy durante la investigación de Torino.

 

Dicen Falcón y Torino en autos

De ese mismo testimonio agregado a las actuaciones de Christiansen surge que en una nueva indagatoria a Torino (a fs. 226 del expediente central) «cuando se le pregunta si es verdad que dio orden al sargento Falcón que si los presos trataban de comunicarse pegaran culatazos, contesta que no recuerda, y bien pudo haber dado esa orden con el objeto de que los presos no se desacataran y cumplieran lo que se les ordenaba, agregando que muchas veces se encontraba tomando declaración y que ordenaba que se sacara afuera del campamento algunos procesados para hacerlos trabajar, es decir, que los trabajaran para que declarasen, etc., agregando que recuerda haberle pegado una cachetada al procesado José o Alberto Maripi porque se insolentó y quiso agredirlo, no reconociéndolo como empleado de policía, que a los procesados los tenía atados de piernas y de brazos y que ha hecho uso de mordaza en algunos casos para hacer callar a los presos que querían hablar dominando a los demás».

El policía Falcón, que no escapó a la condena idéntica para Torino, y sus policías Caminao, Troncoso y Lorca (a cumplir pena de un año y suspensión de sus empleos, cuando llevaban casi cuatro de encarcelamiento), no dudó en confesar (fs.233) «que es verdad que el comisario Torino daba orden de castigar a los que se murieran (trascripción que puede interpretarse demasiado maliciosamente) y que él mismo ha infligido castigos por esa razón…».

El expediente acumuló nada menos que 19 documentos sobre las lesiones y muertes de los capitanejos y aborígenes acusados criminalmente. Esos informes, autopsias y partidas de defunción corren a fojas 37, 72, 73, 92, 194, 207 y correlativas de 236 a 244 del primer cuerpo y fojas 74, 108, 110 y 127, del segundo. Esa documentación avala que «han fallecido a consecuencia de apelaciones cardíacas, intestinales y pulmonares, y de hepatitis traumática» entre otras, según consta en los expedientes ya aludidos.

Versiones clamadas por los policías condenados aseguraban que esas certificaciones estaban firmadas por un no diplomado (el dr. César Faussone, que era el médico de la gobernación) y se valieron de otras opiniones médicas, esas que sostuvieron que el informe del médico Víctor G. Romillo, que fue quien revisó a los 46 procesados recién llegados desde General Roca a la cárcel de Choele Choel, el 18 de febrero de 1910, se podría determinar «que las lesiones que presentaban databan de más de un año antes del reconocimiento efectuado…».

 

Cómo acallar autopsias

Si había tanta autopsia y tantas acusaciones y hasta confesiones de hombres de las mismas filas que admitían los apaleamientos, ¿cómo zafaron los policías del cargo por lesiones graves? ( y aquí llega la descabella argumentación). Zafaron porque «si bien en autos hay indicios vehementes de haberse cometido delito de lesiones graves de cuya consecuencia fallecieron tres procesados (quizá se quiso decir trece, porque en realidad, murieron catorce) en la cárcel de Choele Choel, no parece determinarse con precisión quiénes fueron los autores de esas lesiones y en este caso es preferible dejar impune un delito por horrendo que sea, antes que castigar un inocente».

Por el mismo razonamiento los policías «procesados Juan Cardoso y Gregorio Arriagada, no existiendo más prueba en contra de ellos que la declaración de sus co acusados, aún cuando en ambos existen vehementes indicios de culpabilidad, pues aún cuando no es admisible que fueran más humanos que sus compañeros de causa y que no cumplieran las mismas órdenes que posiblemente se le dieron, no existe plena prueba del delito que se les imputa y corresponde en consecuencia su absolución de acuerdo…» (y sigue de forma).

Cardoso y Arriagada estaban entre los más jóvenes policías que actuaron en la captura y la –luego- larga travesía de los aborígenes encausados hasta General Roca. El menor de los policías era Cardoso. Tenía 22 años, era soltero y de Carmen de Patagones, su domicilio original. Gregorio Arriagada también era soltero, tenía 28 años y había nacido en Chile pero se había radicado en Bariloche. Estuvo entre los refuerzos que actuaron para el caso de El Cuy pero retornó pronto a la comisaría barilochense. Abierta la causa sobre abuso de autoridad y lesiones graves, se lo hizo apresar junto al lago y fue el comisario Gabriel Marty el que cumplió ese cometido (justo un año antes de que la Policía Fronteriza hiciera lo mismo con Marty por su conexión con los bandidos perseguidos por esos escuadrones).

La causa contra Torino nació cuando el director de la cárcel de Choele Choel, Juan D. Figueroa, recibió, por orden del juez letrado J. Alfredo Torres, a los 46 apresados en El Cuy. Figueroa testimonió que ante el estado del preso José Alonso, encomendó al médico Víctor G. Romillo su atención y cuando llegó el médico de la gobernación César Guassone (por Faussone), a principios de agosto, ese galeno determinó la gravedad del encarcelado.

Alonso pidió, entonces, -el 7 de agosto- la presencia de testigos (Leandro Masés, Félix Lucio López y Octavio Córdoba) y largó la acusación contra Torino. Al día siguiente murió.

CURIOSIDADES

• Sirio libaneses o «turcos». Contemporáneamente a la desaparición y muerte de mercachifles sirio libaneses a fines de la primera década del siglo pasado en el sudoeste de Río Negro, el movimiento y partido llamado de los Jóvenes Turcos preparaban una rebelión en lo que quedaba del gran Imperio Otomano. Pero aún incluía entre otras regiones a Siria y al Líbano. No era incorrecto entonces, llamar turcos a los sirios y libaneses.

• San Martín de los Andes. Noticias arribadas a Buenos Aires a fines de octubre de 1910 procedentes de San Martín de los Andes indicaban que el regimiento 3 de caballería comenzó la conducción de la primera remesa de postes para prolongar la línea telegráfica entre aquella localidad neuquina y Piedra del Águila. A la vez, se anunciaba la pronta llegada del ingeniero Lodola, del Ministerio de Agricultura para subdividir tierras en la Colonia Maipú.

• Juárez y el FC al lago. La comisión de estudios del ferrocarril de San Antonio Oeste al lago permaneció frente al Nahuel Huapi durante los modestos festejos del Centenario de la Revolución de Mayo. Cuatro días después, dicha comisión, encabezada por el ingeniero Juárez, partió para Buenos Aires a fin de concluir los estudios de la línea férrea.

• Jacinto Rodríguez, desalojado. El 17 de julio de 1910, a las 4 de la tarde, se presentó el comisario Marty de Bariloche ante el ocupante del lote pastoril 116 (Ñireco) para desalojar –contra su voluntad- a Jacinto Rodríguez y ceder al adjudicatario Jefferson Wagner (texano). El desalojado se resistió –adujo enfermedad de la esposa, que lloraba con sus hijos- pero tomó posesión el concesionario.

• ¿Jacinto Rodríguez, policía? Aunque dilucidar la verdadera identidad de algunos homónimos que aparecen en toda investigación intensa puede llevar mucho tiempo, resulta interesante plantear que en los planteles policiales de la región del Nahuel Huapi –y en aquella época- también existió un Jacinto Rodríguez. (¿El mismo?).

• ¿Jacinto R., peón de la bandolera? Cuando el 2 de diciembre de 1908 Martín Coria -el 2° esposo de la bandolera Elena Greenhill – introdujo en Chubut desde Río Negro 1800 ovejas y una tropilla de 25 caballos, uno de los peones se llamaba Jacinto Rodríguez (¿Casualidad?). Majada y tropilla llegaron diez días después a Ruca Choroy donde se suscitó un conflicto que traería –años después- gravísimas consecuencias.