Inversiones en energía tras la visita de Obama

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La visita a la Argentina del presidente Barack Obama fue sin dudas el acontecimiento de la última semana debido a su importancia diplomática, política y económica que, además, tendrá su correlato financiero cuando el Senado vote este miércoles la ley que, de ser aprobada, permitirá poner fin al default parcial de la deuda y reabrir el acceso al crédito externo. De ahí en más podrá hablarse más concretamente de nuevas inversiones de compañías estadounidenses en distintas áreas, incluso en asociación con empresas locales. Por lo pronto, las compañías nucleadas en la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina) ratificaron planes de inversión por unos 2.500 millones de dólares en el 2016 y el 2017, que podrían ampliarse en casi 14.000 millones dentro de los próximos cuatro años y crear 13.000 nuevos empleos. Aquí conviene diferenciar estos anuncios. En el primer caso, se trata de proyectos que ya estaban en marcha o definidos de antemano en áreas como industria automotriz (ampliación de plantas de Ford y GM para lanzar nuevos modelos), hidrocarburos (Chevron, Exxon y Dow), agroindustria (Tabacal) o higiene y tocador (Procter & Gamble). En el segundo lote, dependerán de las oportunidades de negocios que puedan ir surgiendo para cubrir las enormes necesidades argentinas de inversión en energía, minería e infraestructura (telecomunicaciones, vial, ferroviaria, transporte aéreo, etc.). No obstante, también subsisten contrapesos para que el giro aplicado por el gobierno de Mauricio Macri en la política exterior y económica pueda traducirse en un boom de inversiones externas. Entre ellos, la actual inestabilidad macroeconómica (alta inflación y déficit fiscal), la crisis y fuerte recesión de Brasil que frena exportaciones a ese mercado, así como el desplome mundial del petróleo, que obliga a mantener un valor sostén (barril criollo) y altos precios domésticos que conspiran contra la mejora de la competitividad de la economía. Precisamente en materia energética conviene prestar atención a varios anuncios oficiales formulados en coincidencia con la visita de Obama y que pueden ser el punto de partida de próximas inversiones. Por caso, el ministro de Energía Juan José Aranguren anunció que en abril serán actualizados los precios del gas natural en boca de pozo, una medida que el gobierno vino postergando por su impacto sobre la inflación y los salarios y que buscará atenuar con una “tarifa social”, como ocurrió con la electricidad. Si bien no aportó más detalles, en el sector se descuenta un valor superior al equivalente a 5 dólares por millón de BTU (la unidad de medida), casi el doble que el promedio actual, además de mantenerse los contratos del Plan Gas (7,50 dólares por MBTU) para compromisos de mayor extracción. Esta decisión buscará contrarrestar el desincentivo que significan para YPF y las demás petroleras los bajos precios internacionales del crudo y desalientan inversiones en yacimientos convencionales y no convencionales. Paralelamente, Aranguren prometió para esta semana el decreto reglamentario de la nueva ley de Energías Renovables (27191), sancionada por el Congreso en octubre del 2015, para movilizar nuevos proyectos eólicos y solares que permitan agregar 10.000 MW de potencia instalada hasta el 2025. De cumplirse este objetivo, se elevaría para entonces al 20% la participación en la matriz de generación eléctrica, que hoy depende de los hidrocarburos en más de 66%. En este terreno, la estadounidense Dow ya hizo punta al anunciar la semana pasada el memorándum de entendimiento con la tecnológica estatal Invap para instalar en Cerro Policía (Río Negro) un parque eólico de 60 MW (tras una primera etapa de 15 MW), con una inversión total de 123 millones de dólares. Dow ya es socia de YPF en la explotación no convencional de gas en el área El Orejano, para abastecer al polo petroquímico Bahía Blanca. También GE anunció su intención de participar en energías renovables, cuyas licitaciones internacionales el propio Macri anunció para abril, con un aporte de hasta 1.500 MW en proyectos propios o en asociación con empresas locales. La nueva ley prevé incentivos fiscales para el desarrollo de proveedores argentinos y una mayor integración nacional de componentes, además de facultar a los generadores a celebrar contratos de suministro con usuarios privados, para que estos puedan cubrir progresivamente la obligatoriedad de utilizar energías renovables para el 8 al 20% de su consumo. En caso de incumplimiento, deberán abonar en el futuro un cargo equivalente al costo de la energía importada. En este terreno, una incógnita es el destino de los pocos proyectos de energías renovables adjudicados desde el 2009 y el 2010 durante la gestión kirchnerista (bajo el régimen Genren y la resolución 108), que aun no fueron iniciados y el Ministerio de Energía decidió dejar en suspenso. En algunos casos porque en aquel momento acordaron precios muy altos para la energía eólica a suministrar (de hasta 400 a 500 dólares por kWh, a ser abonados por el Estado a través de Cammesa), y en otros por considerar que no hubo procedimientos transparentes o competitivos. No obstante, en la misma situación habrían quedado un par de proyectos eólicos próximos a comenzar tras haber sido renegociados antes del cambio de gobierno, debido a la incorporación de avances tecnológicos que reducen los costos de generación (a niveles de 110 a 130 dólares por kWh), más la perspectiva de acceder ahora a capitales y/o financiamiento externo a tasas más bajas. Aunque representan un volumen muy bajo, esta “zona gris” plantea un dilema en términos de seguridad jurídica, sobre todo porque incluye la participación de socios extranjeros. A pesar del enorme potencial de recursos naturales que ofrece la Argentina (vientos en la Patagonia y alta irradiación solar en el NOA y NEA), los especialistas estiman muy difícil que pueda cumplirse en el 2017 con el objetivo de la nueva ley de incorporar 8% de energías renovables a la matriz energética. Una prueba de ello es que la propia Secretaría de Energía Eléctrica acaba de convocar a la presentación de ofertas para instalar pequeñas centrales térmicas de no menos de 40 MW en distintos puntos del país, con el objetivo de cubrir la mayor demanda estacional de electricidad en los próximos dos veranos y el invierno del año entrante. GE podría ser uno de los principales proveedores de equipos en esta suerte de reedición del plan “energía delivery” aplicado en la era K. La diferencia es que los precios ahora serán fijados en dólares estadounidenses, habrá prioridad de pago para la energía entregada y los contratos tendrán un plazo de cinco a diez años. Más allá de esta agenda inmediata de inversiones energéticas, otros temas relevantes que surgieron durante la visita de Obama deberán esperar más tiempo debido a su complejidad. Esta lista no sólo incluye la desclasificación de archivos militares de Estados Unidos sobre la última dictadura militar argentina. También los sondeos sobre un eventual tratado de libre comercio, en el que difícilmente podrá avanzarse sin incluir a Brasil. Más factible será antes la remoción de las crónicas trabas al ingreso de productos argentinos (como carnes y limones) al mercado norteamericano. Y, más aun, el fin de la exigencia de visado a los ciudadanos argentinos que viajen a Estados Unidos.

Opiniones

Néstor Scibona nestorscibona@gmail.com