Investigación de fraude en peligro de extinción

El proceso comenzó en el 2002 y prescribe en abril del 2014.





Causa Arbos

Sólo un año y cinco meses de vida le quedan a la investigación penal por la presunta malversación de más de dos millones de pesos que tiene como imputados al intendente de Bariloche, Omar Goye; a los sindicalistas Ovidio Zúñiga, Walter Cortés y Víctor Ricardo Carcar y al abogado Gonzalo Madrazo. Están acusados de desviar, en 1999, subsidios que el gobierno nacional otorgó al policlínico Arbos, del cual todos los procesados eran directivos. Si el juicio no se realiza antes de abril de 2014 la causa prescribe, porque ese mes se cumplen seis años desde el último movimiento importante del expediente.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el caso desde mediados de este año, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara dos recursos que interpusieron los defensores de los cinco imputados. Según registros oficiales, desde el 27 de septiembre pasado el caso está en la vocalía del ministro Eugenio Zaffaroni, a la espera de que el magistrado emita el primer voto para comenzar a analizar un recurso de queja, la última chance de la defensa para evitar el juicio oral y público que vienen “pateando” desde el año 2008 con distintos planteos.

Los abogados insisten en que son nulas las declaraciones indagatorias que se tomaron hace 10 años, que se están violando garantías constitucionales y que la Justicia Federal ya no puede seguir investigando porque el proceso excedió cualquier “plazo razonable”. Pero tanto el Tribunal Oral Federal de Roca como la Cámara de Casación Penal -Sala 3- rechazaron esos argumentos y ahora es la Corte la que deberá dirimir la cuestión. Si la resolución es favorable a los imputados, la causa iniciada en el año 2002 terminará en el archivo. Sino, el Tribunal Oral de Roca deberá rápidamente poner una fecha al debate y terminar el proceso en tiempo récord, considerando el exiguo plazo -en términos procesales- que queda para mantener abierta la investigación.

Cuando en 1999 la Asociación Regional Bariloche de Obras Sociales (Arbos) estaba al borde de la quiebra, su presidente era Zúñiga; Cortés era el vice, Carcar era el tesorero, Goye era el contador y Madrazo era el abogado de la entidad. Además, los cinco tenían en común su afiliación política justicialista. Seis años después, cuando el juez federal de Bariloche Leónidas Moldes los procesó, consideró “prima facie” demostrado que habían gestionado subsidios de Nación con un objetivo falso: el “fortalecimiento institucional y la ampliación del policlínico Arbos, con motivo de poner alta complejidad y tecnología”, sostiene la causa judicial. Pero los tres aportes que hizo el Ministerio de Salud de la Nación a través de la “Administración de Programas Especiales” no tuvieron rendición de cuentas ni aparecieron en el activo de la Asociación cuando se analizó su patrimonio en el proceso de quiebra. En total eran 2.022.989 pesos (en plena convertibilidad).

Más sospechas surgieron cuando se confirmó que los fondos habían sido derivados a dos empresas creadas poco antes del otorgamiento de los subsidios, con las que Arbos contrató supuestos servicios de consultoría y asistencia. Eran Surtsey SA y Foz Valley SA, “las cuales se encontrarían vinculadas con los imputados Madrazo y Goye”, sostiene la acusación original que formuló el fiscal federal de Bariloche Jorge Bagur Creta. Luego se supo que Carcar y Cortés también habrían presidido una de las firmas “fantasma”.

Los cinco hombres fueron procesados por “estafa agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”, pero sus abogados apelaron. Los cargos recién se confirmaron un año después, y Moldes ordenó la elevación a juicio en diciembre de 2006. Un año más demoró el trámite de los nuevos cuestionamientos de la defensa y en 2008 el Tribunal Oral Federal de Roca finalmente citó a juicio a todos los imputados. Esa última medida judicial es la que se toma como referencia para calcular la prescripción, porque ese decreto del TOF interrumpió el cómputo de los plazos. A partir de esa fecha la ley le concede a la justicia, como máximo, un plazo igual a la pena prevista para el delito investigado para mantener viva la causa. En este caso son 6 años, según el castigo que prevé el Código Penal para el delito de fraude agravado.


Comentarios

Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!

Suscribite

Logo Rio Negro
Investigación de fraude en peligro de extinción