Investigan a abogados, contadores y allegados a políticos

ROCA / NEUQUEN (AR / AN).- La investigación por presuntas estafas con cheques que derivó en el gigantesco operativo realizado el sábado en cinco ciudades del Alto Valle encierra una compleja trama, con millones de pesos en danza y una lista de sospechosos en la que aparecen abogados, contadores y hasta empresarios de directa relación con funcionarios públicos.

Este diario pudo saber que los perjuicios denunciados superan largamente los 250.000 pesos de los que se hablaba en un principio. La suma calculada hasta el momento treparía hasta dos millones de pesos, según trascendió de fuentes con protagonismo en la pesquisa.

No obstante la magnitud del caso, hasta ayer la causa iniciada por el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Neuquén, Héctor Rimaro, continuaba sin órdenes de detención.

El expediente se tramita en los tribunales neuquinos porque allí se radicaron las primeras denuncias acusando a la firma Petrocerv S.A. de haber estafado a particulares y empresas de la zona con cheques sin fondos.

A pesar de esto, en ámbitos policiales y judiciales ayer se daba como un hecho que en Río Negro comenzarán a surgir nuevas acusaciones, ya que la modalidad investigada no se habría fijado en límites interprovinciales.

 

Dónde allanaron

La realización de 18 allanamientos en Roca, Cervantes, Cipolletti, Cinco Saltos y Neuquén durante diez horas, el sábado, evidenció claramente que en caso de comprobarse la existencia de un accionar delictivo, los responsables contaban con una aceitada organización.

Los operativos se extendieron desde viviendas particulares hasta predios en construcción, chacras y comercios de distintos rubros, como estaciones de servicio y farmacias.

Otro dato que aparece con nitidez tiene que ver con la base de operaciones de la supuesta banda: el 80 por ciento de los procedimientos se ejecutaron en Roca y los investigadores están convencidos que desde esta ciudad comenzaron a tejerse las redes que culminaron con las denuncias recibidas por la justicia neuquina.

«Río Negro» pudo acceder de parte de fuentes reservadas cuáles fueron los principales sitios allanados y qué apellidos aparecen en los archivos de los investigadores que siguen la pista de las estafas.

En primer lugar debe mencionarse a la estación de servicio ubicada en el acceso a Cervantes y una vivienda, en la misma localidad, donde residiría Enrique García.

Esta misma persona es quien -de acuerdo al relato de fuentes oficiales y extraoficiales- aparece como cara visible de la estación de servicio de Bolivia e Italia en Roca, también revisada en la mañana del sábado.

Sin embargo, el dato más trascendente conocido en las últimas horas tiene que ver con tres de los doce allanamientos realizados en la ciudad. Se trata de la irrupción de la policía y la justicia en la vivienda particular de Juan Carlos Fernández, en Sarmiento y Moreno, la farmacia Alsina y un predio en construcción emplazado en la intersección de Mitre e Italia, en pleno centro.

¿Por qué la relevancia? Fernández es un empresario que se hizo conocido para muchos roquenses cuando en el cumpleaños de 15 de su sobrina, en febrero de 2002, se produjo un escrache de estatales y vecinos al actual legislador radical Daniel Sartor.

La relación de amistad entre Fernández, su hermano Daniel y Sartor nunca se había ocultado, pero quedó confirmada esa noche en la Asociación Española.

Respecto de la farmacia Alsina, fuentes oficiales indicaron que sería administrada por la esposa de Fernández.

En tanto, sobre la esquina de Mitre e Italia hay una particular historia, que también involucra a la casa de Fernández y a un contador de la ciudad (ver aparte).

Otro operativo de importancia se realizó en busca de información sobre Luciano Mastrostéfano, quien sería el encargado de firmar los cheques denunciados como carentes de fondos.

Los operativos del fin de semana llegaron más tarde hasta la zona de Paso Córdoba, donde se buscaron pruebas en una chacra que tiempo atrás albergó un stud. El apellido que tenía registrado la policía con relación a ese lugar era Dagorita.

Por otra parte, hubo procedimientos en Cipolletti 1.041, donde la orden judicial detallaba como morador a Francisco Larroca; Perito Moreno casi Canalito -allí se habló de una persona de apellido Procoppo- y un depósito situado en Tres Arroyos al 800, cuyo titular sería de apellido Calamara. Los investigadores consultados indicaron que no se trata del ex director de Comisiones de Fomento de Río Negro, sino un allegado.

Respecto de los operativos en Cipolletti y Cinco Saltos, se supo que estuvieron orientados a determinar si una persona que aparece como dueño de Petrocerv S.A ante la AFIP tiene la solidez económica como para montar un emprendimiento de tal magnitud.

«Por el momento ninguna de estas personas está acusada de ningún delito. Sólo forman parte de un expediente en el que se investigan las denuncias de estafas recibidas», advirtió ayer uno de los investigadores.

Ingenuidad al margen, el mismo informante detalló que «se trate de quien se trate, los responsables de los perjuicios económicos detectados contaban con un asesoramiento profesional sofisticado, por la complejidad en las operaciones que se observan hasta el momento».

Por otra parte, trascendió que a pesar del vasto operativo, los elementos secuestrados constituyen principalmente documentación escrita y almacenada en soportes informáticos. También se supo que los investigadores pensaban encontrar en alguno de los inmuebles los artículos supuestamente adquiridos con cheques sin fondos, pero poco fue lo incautado que responde a esta característica.

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