Investigan a otros 21funcionarios por cobro de coimas

La Justicia comenzó a examinar el grado de responsabilidad que pudieran tener una veintena de funcionarios, entre ellos un secretario de Estado, en el llamado «Skanska-gate», el primer escándalo de corrupción que impacta en el Gobierno.

En su mayoría se encuentran en el área del Ministerio de Planificación, cuyo titular es Julio de Vido. Se trata del hombre de mayor confianza de Kirchner, el impulsor de las obras de gasoductos en las que se habrían realizado las maniobras para el cobro de retornos.

El desfile de ejecutivos empresarios y funcionarios por dos juzgados, uno del fuero Federal y otro del fuero Económico, será lento y paulatino en los próximos meses, dijo una fuente de los Tribunales. Encabeza la lista el secretario de Energía, Daniel Cameron, a quien Montenegro aún no indagará.

Mientras tanto, cada día aparecen nuevas revelaciones periodísticas del caso de fraude fiscal y presuntos sobornos pagados por la empresa sueca Skanska en la licitación para ampliar los gasoductos Norte y Sur.

Las últimas desgrabaciones que dispone la Justicia de conversaciones registradas en computadoras de ex directivos de la compañía golpean a hombres del gobierno del sector de planificación y financiamiento de obras públicas.

La publicación en los diarios de las desgrabaciones le han dado al caso el aspecto de un «Watergate», en el que aún es imposible determinar hasta dónde llegarán las acusaciones y si alcanzarán o no a los más altos niveles del kirchnerismo.

La normas que idearon el financiamiento y la ejecución de las ampliaciones de los gasoductos surgieron del máximo nivel del Gobierno.

Se trata del decreto presidencial Nº 180, del 2004, que creó el Fideicomiso de Gas, y fue reglamentado por las resoluciones Nº 185/04 del Ministerio de Planificación y 663/04 de la Secretaría de Energía.

El presidente Kirchner intentó la semana pasada cortar por lo sano y echó a dos de los investigados, el director de Fideicomisos del estatal Banco Nación, Néstor Ulloa, y el jefe del Ente Regulador del Gas (Enargas), Fulvio Madaro.

El dinero provino de un fideicomiso de Nación Fideicomisos, sociedad del Banco Nación. Por eso, la acusación fiscal incluye, además de a Ulloa, a los 17 integrantes de la Unidad Ejecutora Obras Fideicomiso Gas, Area de Seguimiento y Control de Gestión, del Enargas.

Los otros funcionarios a quienes Stornelli quiere inte

rrogar son Hugo Muñoz, vicepresidente del Enargas; Mario R. Vidal, director del ente, y Cristian Folgar, subsecretario de Combustibles.

Desde que estalló el «Skanska-gate», las fuerzas de oposición encontraron el talón de Aquiles de un gobierno que se encaminaba hacia la renovación presidencial del 28 de octubre sin manchas en su honor.

Con un ritmo anual de crecimiento del 8%, jamás visto en la historia contemporánea de la nación sudamericana, y reservas por 40.000 millones de dólares en el Banco Central, la popularidad del presidente alcanza al 57%, según un sondeo de la firma independiente Poliarquía.

Pero el escándalo se ha convertido en un regalo del cielo para los principales opositores, entre ellos el magnate Mauricio Macri (centroderecha), la diputada Elisa Carrió (socialcristiana) y el ex ministro de Economía Roberto Lavagna.

El presidente de la filial argentina de Skanska, Hernán Morano, acaba de admitir que hubo pagos indebidos en la obra del Gasoducto del Norte, pero dijo desconocer el destinatario de los supuestos sobornos.

«La plata salió de la compañía, pero no sabemos de dónde fue», dijo Morano.

El presidente «tiene las manos limpias» y «nosotros nunca nos hemos involucrado con ningún hecho de corrupción», dijo el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Sin embargo, la Justicia está tratando de averiguar en qué bolsillos terminaron los sobornos, calculados en un 5% del total de las obras, según las confesiones de los empleados obtenidas de las desgrabaciones. (AFP)