Investigan al juez que sobreseyó a Arriaga

Es por contratos del municipio con su propia clínica.



CIPOLLETTI (AC)- El Consejo de la Magistratura espera el informe que prepara el auditor general del Poder Judicial rionegrino, Oscar Massei, para analizar si merece una sanción la conducta del juez Rubén Norry, quien en noviembre de 2002 sobreseyó al entonces intendente Julio Arriaga en la causa por la contratación directa del sanatorio del que es accionista.

El Consejo también analizará el comportamiento de la fiscal Norma Terbay, quien dictaminó que, como el ex jefe comunal estaba "alejado del conocimiento cabal de lo prohibido", el juez debía sobreseerlo.

La investigación interna en el Poder Judicial se inició por una denuncia del ex concejal peronista Hugo Lapuente, quien había sido uno de los impulsores de la causa penal.

No es la misma la conclusión a la que había llegado la fiscal que investigó originalmente el hecho, Alejandra Berenguer, quien elevó las actuaciones al juez Norry en abril de 2002.

En 1997 el sanatorio Río Negro, en cuya sociedad Arriaga tiene una participación minoritaria, ingresó en concurso de acreedores y, aunque tenía una importante deuda con el municipio de Cipolletti, la comuna no se presentó a reclamar lo que le correspondía.

El abogado fue el mismo en ambos casos (municipalidad y sanatorio): Hugo Frare.

En 1998 la comuna y el sanatorio firmaron un acuerdo de compensación de deudas, por el cual la clínica saldaría sus obligaciones con prestaciones médicas. Hasta fines de 2001 por este sistema se compensaron deudas del sanatorio con el municipio. Una vez extinguidas las acreencias del sanatorio, se continuó con el mismo procedimiento, pero compensando las deudas de los empleados de la clínica con el municipio.

En total el sanatorio le facturó al municipio entre 1999 y 2001, según consta en la causa judicial, más de 85.000 pesos.

Además de Arriaga, Norry sobreseyó a los otros funcionarios que actuaron en los acuerdos y pagos al sana

torio: el actual intendente Alberto Weretilneck (entonces secretario de Servicios Públicos), el ex contralor Rubén Romero, el ex titular de Acción Social Luis Bardeggia y los actuales secretarios Jorge Rodríguez (Administración) e Isaías Kremer (Hacienda), quienes tenían las mismas funciones en el gobierno anterior.

Los servicios médicos con los que el sanatorio pagaba su deuda consistían en prestaciones de medicina laboral, pero también de emergencias generadas en el área de Deportes (lesionados en partidos de fútbol, por ejemplo).

También lo usaron por cuestiones particulares el director de Comisiones de Fomento de la provincia, Carlos González (quien entonces era legislador arriaguista), un concejal suplente y asesor del gobierno, Tomás del Ciotto y hasta el propio Weretilneck.

También fue atendido un hombre llamado Ricardo Miguel Ortega, que -se lee en el expediente- "se encuentra involucrado en numerosos hechos delictivos y fue atendido en el sanatorio por una herida de arma de fuego cuyo costo fue de 1.623,14 pesos".

Massei, como auditor del Poder Judicial y por disposición del Consejo de la Magistratura, impuso de la investigación a Norry y a la fiscal Terbay para que realizaran sus descargos.

El juez pidió que los integrantes del Consejo se remitieran a la causa y la fiscal hizo un descargo cuyo contenido no trascendió.

Arriaga y el resto de los imputados fueron sobreseídos por el juez porque la fiscal no acusó, aunque Norry señaló en el fallo que discrepa con Terbay en los argumentos más no en la resolución ya que "las conductas denunciadas lo han sido en el ámbito de una política adminis- trativa en interés de la administración municipal (del) que forman parte".


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