Investigan gastos de la Policía por $1,5 millón

NEUQUEN (AN)- Mediante tres decretos, el Poder Ejecutivo autorizó a la Jefatura de Policía a gastar un millón y medio de pesos en la reparación de unidades de detención sin llamar a licitación pública. Esas obras son las que están siendo investigadas por la Justicia, ya que según una denuncia se habrían pagado sobreprecios y desviado materiales a obras particulares. También se sospecha que contrataron a empresas que son «pantallas», cuyos verdaderos propietarios por ahora se desconocen.

Algunas de esas obras están paralizadas y los trabajadores reclaman sueldos atrasados. Por eso ayer realizaron una protesta frente a la remodelada sede del departamento Toxicomanía.

Las contrataciones directas fueron autorizadas por los decretos 1561/03, 1838/03 y 221/04, a los que accedió «Río Negro». Los dos primeros son de septiembre del año pasado y están firmados por el ex vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Jorge Sapag, el ministro de Desarrollo Social a cargo de Gobierno, Jorge Lara, y el ex ministro de Planificación a cargo de Hacienda, Alfredo Esteves.

En esa época, el gobernador Jorge Sobisch, el ex ministro de Gobierno, Oscar Gutiérrez (ahora legislador) y el ex de Hacienda, Alfredo Pujante (ahora diputado nacional suplente) estaban de licencia por la campaña política.

Los tres decretos que autorizaron a gastar dinero sin licitación se ampararon a su vez en una norma similar dictada en junio de 2000, bajo el número 1245, que declaró «en estado de emergencia carcelaria la situación de infraestructura edilicia destinada al alojamiento de detenidos y persona privadas de la libertad».

El decreto 1561/03 es del 1 de setiembre del año pasado y autoriza a la Jefatura de Policía a «realizar los trabajos de ampliaciones, refacciones y manteniendo bienes y/o servicios que considere necesarios, en forma parcial o total hasta 760.000 pesos».

Invoca «la situación de la infraestructura de seguridad» en varias unidades de detención, y remarca la «marcada urgencia y necesidad de contar lo antes posible con los trabajos de ampliaciones, refaccionamiento y mantenimiento» para garantizar «las condiciones de vida y salubridad que corresponden».

Una de las alcaidías en crisis a la que alude la norma legal es la Unidad 11 del Parque Industrial. Justamente el 10 de agosto había ocurrido un violento motín durante el cual se produjeron serios destrozos, y el 28 de ese mes se produjo la fuga masiva de 11 detenidos.

El decreto 1838/03 es de pocos días después que el anterior, 19 de setiembre, e invoca que «se deben realizar en forma impostergable los trabajos de renovación del sistema cloacal, reparación de instalaciones eléctricas, trabajos de herrería y plomería, finalización de dos aulas para capacitación de los internos, terminación del sector de sanidad y pintura total» en la Unidad 21 de Cutral Co. Para esos trabajos autorizó a gastar 250.000 pesos.

El decreto 221 es de este año y todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, pero dos fuentes consultadas por este diario indicaron que autoriza a gastar 500.000 pesos más.

Una de las tareas que realizará la justicia es determinar si los materiales comprados con ese dinero guardan relación con las obras para las que fueron destinados, y si efectivamente fueron colocados donde se dijo.

Protesta de los trabajadores

NEUQUEN (AN)- Los obreros de la construcción que trabajaron en la refacción de unidades policiales se instalaron ayer frente al departamento Toxicomanía, en Alta Barda, para reclamar el pago de salarios atrasados.

El integrante de la comisión normalizadora Celso Queupán dijo que le comunicaron que mientras se mantenga la investigación judicial por presuntos hechos de corrupción en la contratación de esas obras, se aleja la posibilidad de que cobren la deuda.

Los obreros le reclaman el dinero a las empresas Proyección Servicios y Vulcano Servicios Generales, dos de las que fueron contratadas en forma directa por la Jefatura para realizar refacciones en la Unidad 11, la comisaría 19 y el departamento Toxicomanía.

Los reclamos empezaron en febrero y hubo varias audiencias convocadas por la cartera de Seguridad y Trabajo que conduce Luis Manganaro, pero la solución no apareció.

El primer encuentro fue a mediados de febrero y convocaron a los obreros, la Policía y representantes de las firmas involucradas en el tema.

Hubo otros similares este mes, y el único dinero que apareció fueron 150 pesos para cada uno de los 18 trabajadores, que reclaman en total más de 25.000 pesos.