Investigan la "compra de opiniones" con publicidad oficial

La defensora del Pueblo dijo tener denuncias contra el gobierno de Saiz.



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Mozzoni, titular de Comunicación, en el eje de los nuevos cuestionamientos de Piccinini.

VIEDMA (AV).- La Defensoría del Pueblo reconoció que investiga a funcionarios del Poder Ejecutivo por el manejo en la distribución de la publicidad oficial. El órgano de control informó que tienen denuncias de la presunta existencia de "contratos de publicidad a cambio de compra de opinión".

La investigación desde la Defensoría se concentra en saber si "hay discrecionalidad en el manejo de la publicidad, abusos o censura sutil". Ese análisis funcional se direcciona al "accionar" del secretario Claudio Mozzoni, afirmó la defensora, Ana Piccinini.

Esta información se desprende de una gacetilla en la cual ese organismo de control resaltó la determinación del gobierno de Tierra Fuego, que el martes institucionalizó un esquema de regulación de la publicidad oficial.

El Estado rionegrino desembolsó en "propaganda y publicidad" en el 2007 algo más de 8,6 millones frente a los casi 6 millones del año anterior. La principal ejecución corresponde al Ejecutivo, entre los 7,5 y 7,6 millones, según los registros de la mencionada partida.

En los últimos días, la Defensoría del Pueblo desplegó inusitados cuestionamientos al gobierno de Miguel Saiz.

Por caso, el lunes, Piccinini remitió a la Legislatura un anexo complementario de su informe anual con un durísimo cuestionamiento a los servicios hospitalarios, educativos, policiales y de la obra social.

Ahora, en un comunicado, Piccinini consideró que la regulación de la publicidad en Tierra del Fuego es "una bocanada de aire puro para todos los que creemos en la libertad de expresión y en el derecho de los ciudadanos al consumo de la verdad, fundamentalmente en lo que a los actos de gobierno se refiere".

Luego, la Defensora recuerda que es autora de "un proyecto de ley para que se regule la distribución de la publicidad oficial" y reiteró su pedido a los legisladores para sancionar esa norma, lo cual, "contribuirá a transparentar un negocio que todos saben que existe entre los gobiernos y los comunicadores pero del que nadie quiere hablar".

Ese proyecto ingresó en marzo pasado a la Legislatura (con un día de diferencia el bloque de Encuentro presentó otra iniciativa similar) y hasta el momento se mantiene para el análisis en la comisión de Educación, Cultura y Comunicación.

Asimismo, Piccinini informó que "investiga el accionar" del secretario de Comunicación, Claudio Mozzoni para determinar "si existe discrecionalidad en el manejo de su área, abusos o censura sutil, en las que podría estar incurriendo, restringiendo así la libertad de expresión en Río Negro".

Aseguró que "se han recibido denuncias donde se menciona que se estarían abonando contratos de publicidad a medios, a cambio de la compra de opinión".


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