Investigan nuevos casos de extorsiones telefónicas



CIPOLLETTI (AC).- Otra vez denunciaron llamados telefónicos amenazantes y los investigadores sospechan que se trata de las mismas personas detenidas que están imputadas en los casos de extorsión que ocurrieron en Roca y Cipolletti. La Justicia le requirió al Servicio Penitenciario Provincial que no permita el ingreso de celulares a las celdas de los acusados. También enviaron un oficio a una de las compañías de telefonía celular para que se abstenga de realizar cualquier operación en los números denunciados. En agosto se conocieron tres casos delictivos que consistían en cargar créditos telefónicos a cuenta de otras personas. Hace un tiempo, la justicia desarticuló una banda que operaba desde las cárceles de la región y que extorsionaba a sus víctimas para conseguir dinero y otros objetos de valor. El caso se pudo esclarecer gracias a la intervención de un especialista en “autopsias telefónicas”. El profesional peritó los celulares secuestrados en los establecimientos penales y allí se pudo avanzar en la imputación de varios de los detenidos y hasta incluso de algunos de sus colaboradores externos. Después se realizaron otras tres denuncias, esta vez relacionadas con el robo de crédito telefónico. Uno de los damnificados recibió un mensaje de texto que le informaba sobre “una transferencia de crédito exitosa”. Entonces se comunicó con la central de atención al cliente de la empresa y las operadoras le comunicaron que una persona identificada como el titular de la línea (que dio el número de documento) había solicitado enviar crédito a otro número. Hace unos días, otra persona denunció que le habían cambiado el domicilio que figura en la factura, también en una posible maniobra delictiva. En estas circunstancias, se envió un oficio a la compañía telefónica para que se abstenga de realizar operaciones en esas líneas. El damnificado que viene padeciendo las amenazas avisó otra vez que estaba recibiendo llamados intimidantes. Nuevamente, la Justicia le requirió a las autoridades de la penitenciaría de Viedma que controlen el ingreso de teléfonos celulares, especialmente en las celdas de los detenidos que están sospechados de cometer el delito de extorsión.


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