Investigan si joven que murió por ACV es hijo de desaparecidos

EL PAÍS

La Justicia federal abrió una investigación para determinar si un joven de 33 años que falleció en 2009 por un Accidente Cerebro Vascular (ACV) es hijo de desaparecidos, según él mismo sospechó y por lo cual en el 2000 se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) para hacerse un análisis de ADN.

Los fiscales federales Federico Delgado y Patricio Evers investigan una denuncia de la Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado para determinar si el joven -esta agencia mantiene su identidad en reserva- fue secuestrado cuando nació en cautiverio y para dar con sus apropiadores.

Se trataría del primer caso de un hijo de desaparecidos que recupera su identidad después de fallecido, informaron a DyN fuentes judiciales.

La Unidad Especializada en Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, Pablo Parenti, presentó el 7 de octubre una denuncia en la Cámara Federal a instancia de una presentación de Claudia Carlotto, a cargo de la CONADI.

Se denunció la historia de un joven que el 26 de diciembre de 2000 se presentó en la CONADI porque dijo que tenía la sospecha de ser hijo de desaparecidos: dijo que nació en diciembre de 1977 en la ciudad de Buenos Aires y que en una discusión familiar le dijeron que era adoptado y que había sido entregado al empleado de un circo.

La CONADI le dio turno para que meses después fuera al Banco Nacional de Datos Genéticos a que le extraigan sangre y le hicieran un análisis de ADN para determinar si era hijo de desaparecidos.

El joven no se presentó y tres años después volvió a la CONADI para aportar más datos sobre su historia -su supuesto nombre, el de sus padres y su fecha de nacimiento-, lo que volvió a hacer un año después.

Se constató que el 12 de diciembre de 2009 falleció por un ACV, lo que fue comunicado a la CONADI por su ex novia.

La Justicia accedió al certificado de nacimiento y constató una serie de irregularidades en el documento, entre ellas que hubo “una demora de ocho meses entre el supuesto nacimiento y la presentación de los presuntos padres en la oficina administrativa correspondiente”.

También se determinó que una de las personas involucradas es un militar retirado bajo el rango de sargento.

Los fiscales Delgado y Evers le pidieron al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba para avanzar en la causa, entre ellas que se exhuma el cadáver para extraer el perfil genético y hacer un estudio en el Banco Nacional de Datos Genéticos para determinar si es hijo de desaparecidos.

DyN