IPPV, hacia el revalúo y gestión judicial de cobro

VIEDMA (AV).- Un programa de amortización de unidades habitacionales, la creación de un sistema de determinación de precios en operaciones inmobiliarias y el otorgamiento de facultades para el cobro judicial de acreencias serán las nuevas herramientas que tendrá el Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV) tras una reforma legislativa destinada a dotarlo de autonomía financiera. Un proyecto gubernamental apunta a derogar la ley 3340. Ésta promueve subsidios en precios en un marco de emergencia económica y crisis social del Estados provincial y nacional, y que en la actualidad reviste características de “anacrónica”, se expresó. Los fundamentos de la iniciativa dan cuenta de que en los últimos tiempos surgieron esquemas que regulan aspectos relacionados con el valor y forma de amortización de las casas construidas por el instituto provincial “generando confusión normativa”. Sobre ese punto, la propuesta de política de créditos y operatorias analiza la actual situación de funcionamiento a partir de que, en 2010, el IPPV diseñó un mecanismo de amortización basado en una tasa de interés variable. Consistía en tomar el 50% de la tasa Badlar pública (depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos de 30 a 35 días en bancos públicos) y sumarle un 2%. Las autoridades llegaron a la conclusión de que el problema más grave fue la incertidumbre que generó a futuro esa medida, debido a que no se podía determinar cuál era el costo de una vivienda lesionando, a su criterio, el fin social. Al justificar los motivos del reajuste, se observó que la normativa vigente establece un valor fijo de entre 402 y 436 pesos el m², y que en estos momentos son considerados muy por debajo de su valor real. De prosperar la reforma, el plan de amortización estipulará una financiación por sistema francés a una tasa de hasta un 12% de interés anual, mientras que se tomará como plazo máximo para la cancelación de las viviendas en cuotas mensuales de 360 meses. En el caso de las readjudicaciones, el organismo que conduce Luis Bardeggia verificó anomalías al aplicar la actual pauta, como permitir una permuta de una unidad de 86 m² con tres dormitorios, en zona urbana consolidada, al irrisorio precio de $6.000. Frente a este tipo de operaciones se advirtió que “van en detrimento del organismo promoviendo la venta ilegal de inmuebles ya que su valor de mercado pueden alcanzar hasta 20 veces el valor de la readjudicación”. El nuevo monto del metro cuadrado surgirá de los valores publicados por la secretaría de Vivienda de la Nación. El IPPV -tal como adelantó este medio- podrá apelar al cobro judicial de obligaciones de los adjudicatarios. El procedimiento reviste algunas características similares a la autorización de la Agencia de Recaudación Tributaria sobre cualquier bien que tenga el deudor. En el IPPV ya tienen identificados 500 adjudicatarios que nunca pagaron una cuota. El ente inició en agosto pasado operativos de detección de irregularidades en planes habitacionales sin demasiado aviso a los adjudicatarios. Los controles masivos realizados en varios puntos de la provincia dieron lugar a exigir el cumplimiento de la normativa y a algunas desadjudicaciones ante casos de morosidad y alquiler de viviendas.