IPROSS: Es necesario normalizar su irregular funcionamiento

La obra social de la provincia, desde su creación en 1964 hasta 1983, fue una institución rionegrina emblemática por su eficiencia en los servicios y su solvencia económica. Posteriormente, un estado de crisis permanente se apoderó de la entidad, lo que afectó las prestaciones médicas y la atención integral de la salud de sus afiliados.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), que ahora cuenta con una cifra superior a los 100.000 afiliados, fue creada en 1964 por un reducido grupo de dirigentes gremiales que conducían el ex Sindicato de Empleados Públicos de Río Negro, hoy UPCN, y estaba dirigido exclusivamente a atender las necesidades médico-asistenciales de los trabajadores estatales.

Nació como Obra Médico Asistencial (OMA) y funcionalmente dependía de la ex Caja de Previsión Social Río Negro.

En 1974, el gobierno justicialista transformó la OMA en una entidad autárquica y autónoma denominada Ipross, modificando solamente su estructura administrativa con la creación de nuevos cargos gerenciales. El cambio no perturbó los servicios y la obra social de los empleados públicos de Río Negro se posicionó en un lugar de privilegio en el país entre las instituciones de este tipo.

Con la llegada de la democracia en 1983, la misma entró en una etapa de crisis permanente y crónica, en lo funcional y en lo económico. Poco a poco se fueron perdiendo servicios y prestaciones sin cargo para el afiliado y su familia. Paralelamente, los profesionales en el arte de curar cortaron los servicios y suspendieron la atención a los usuarios.

Se sucedieron los cambios en la conducción de la institución y por mucho tiempo el gobierno aplicó un sistema de intervención permanente excluyendo el control gremial previsto en la ley de creación con funcionarios políticos que pasaron raudamente por la entidad sin poder resolver los serios problemas que presentaba la institución y que afectaban a los afiliados.

Se desvirtuó lo establecido en la primera ley, reemplazando el sistema de pago por prestación del servicio por el de cápita. Y en otro intento ridículo, mesiánico e irracional, se entregó el control operacional del sistema médico-asistencial a la Federación Médica de Río Negro, que con una visión netamente comercial y financiera a su beneficio recortó y limitó salvajemente las prestaciones y los servicios, en detrimento del afiliado y su salud.

Es de público conocimiento que el problema principal que padece el Ipross es el permanente e irregular desvío de los fondos que, en concepto de aportes, hace el gobierno de Río Negro para cubrir apremiantes desfasajes del presupuesto provincial.

Cuando comenzaron los conflictos por deuda y falta de pago en las prestaciones asistenciales, los profesionales, agrupados en los distintos colegios, en lugar de enfrentar al gobierno por su irresponsable accionar, decidieron castigar exclusivamente al trabajador estatal enfermo, aplicándoles un sobreprecio económico elevado y diferencial a la consulta médica y a las prestaciones anexas.

Pero lo ridículo y lamentable es que a este plus los médicos rionegrinos lo denominaron «arancel ético», una verdadera afrenta al trabajador y a la desgracia de estar enfermo.

Esta situación viene de lejos y se extiende en el tiempo. Ahora el afiliado que se enferma tiene que abonar un plus, arancel o sobreprecio que oscila entre los 40 y 50 pesos por entrevista con el facultativo que lo atiende. Como si fuera una siniestra burla, el Ipross, que además le paga también la consulta al médico, devuelve a los afiliados solamente diez pesos y legitima en ese acto de tácito reconocimiento del plus el ilícito proceder de los facultativos.

Si es una enfermedad pasajera, el gasto puede elevarse a 100 ó 200 pesos. Pero si el mal es de otra índole y el profesional ordena una serie de estudios que incluyen varias prácticas médicas como análisis clínicos, radiografías, ecografía, tomografía, endoscopía u otras, la erogación del afiliado superará tranquilamente los 500 pesos.

De estos gastos, el reintegro que efectúa el Ipross es parcial e irrelevante y en muchos casos el cobro se demora en el tiempo.

Pero este gasto extraordinario es una enormidad para todos los afiliados a la obra social, pero un grave problema para los empleados públicos que reciben salarios de bolsillo que apenas superan los 1.000 pesos. Muchos no tienen otra opción que el hospital público o continuar con la dolencia física sin resolver su problema de salud. Si reciben asistencia médica a través de su obra social, él y los suyos no tendrán seguramente dinero para atender las necesidades mínimas de subsistencia de su grupo familiar.

Lo lamentable es que las autoridades del Ipross sigan sosteniendo, hipócritamente, que el afiliado no tiene que abonar ningún tipo de arancel a los médicos adheridos a la obra social provincial.

En la capital de la provincia, creo que no existen profesionales que no cobren un plus adicional por su prestación. La mayoría, salvo honrosas excepciones, recibe los 40 ó 50 pesos por el servicio prestado desde hace muchos años.

Es lamentable que nadie sea capaz de abordar esta incomprensible situación de desamparo que padece el afiliado al Ipross. Es inaudito que nadie estudie a fondo las causas de la problemática existente para hacer un diagnóstico real y posteriormente aplicar la solución que la mayoría de los afiliados espera.

El médico Norberto Delfino, en un comentario periodístico publicado el 15 del corriente mes en «Río Negro», señala que «la mitad de los rionegrinos no tiene cobertura de obra social o seguros médicos. Agrega que hay desigualdad en el sistema y que son habituales los recursos de amparo ante la Justicia para recibir atención. Destaca que la tragedia social sobreviene cuando «se tolera una medicina para privilegiados y otra para el resto y se acepta de forma indolente la pérdida de atención de la salud en etapas precoces de la enfermedad».

No puedo opinar en forma general sobre el sistema de salud pública en la Argentina, pero sí sobre el Ipross, entidad en la que fui protagonista y a cuya creación contribuí. Además, me preocupa que la medicina esté entrando en una etapa inhumana y mercantilista, similar a la vigente en otros lugares del mundo.

Luego de variadas experiencias y cambios en su sistema operativo, la obra social de Río Negro no encuentra el rumbo para satisfacer las necesidades integrales de salud de sus enfermos sin prescindencia de un adicional monetario por sus servicios, que cada día se hace más gravoso para la economía familiar de sus afiliados.

Es urgente que los fondos específicos de los aportes se vuelquen totalmente a la obra social y que una comisión integrada por representantes del gobierno, especialistas en el tema de salud y la totalidad de los dirigentes de los gremios estatales y municipales reencuentren el relevante y eficiente rol social que cumplió la institución entre los años 1964 y 1983.

Hay que ponerles fin a la desorganización, a la indiferencia y a la resignación del gobierno y de los funcionarios que conducen la obra social provincial creada en 1964.

Se debe terminar también con la voracidad económica y sin límite que muestra la mayoría de los profesionales adheridos al Ipross, de esta capital. Pero, fundamentalmente, se tiene que erradicar definitivamente el salvaje arancel que cobran los médicos por el irregular funcionamiento del Instituto Provincial del Seguro de Salud.

Así lo interpreto yo.

HECTOR JORGE COLAS (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Periodista.