Jaime se negó a declarar en la causa por enriquecimiento ilícito

BUENOS AIRES.- El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime se negó ayer a declarar ante la justicia en la causa penal sobre su presunto enriquecimiento ilícito durante los seis años en que se desempeñó como funcionario (2003-2009) de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, revelaron ayer fuentes judiciales. Ya pasados cuatro años de la imputación en su contra, el ex funcionario finalmente debió concurrir ayer a la mañana a defenderse en el juzgado federal 7 y allí, ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Rívolo, tomó conocimiento personal de la imputación que existe en su contra a raíz de su crecimiento patrimonial y el de su familia. Una vez cumplido ese paso procesal le tocaba declarar en la audiencia y responder a las preguntas, pero Jaime, asesorado por su abogado defensor, Andrés Marutian, dijo que no lo haría porque tiene interpuesta una recusación contra Casanello, por supuesta falta de imparcialidad, y la Sala I de la Cámara Federal aún no se ha expedido. El pasado jueves 21 hubo una audiencia en la Sala I para abordar ese recurso, a la cual asistió el abogado Marutian, y hasta ayer los camaristas Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero no se habían pronunciado al respecto, aunque el Código Procesal les da un plazo de 48 horas para resolver. Jaime está bajo la mira de la Justicia porque sospecha que posee un patrimonio estimado en alrededor de 12 millones de pesos más suntuosos bienes e inmuebles, tales como un avión Lear Jet, valuado en 4 millones de dólares; un yate de 1,4 millón de dólares; ocho casas y departamentos, en las provincias de Córdoba y Santa Cruz, y una posada en las playas de Brasil. Los investigadores creen que Jaime presuntamente habría puesto varios de esos bienes y propiedades a nombre de los familiares y allegados, por lo cual el juez Casanello ha citado también a declaración indagatoria a las tres hijas del ex secretario, a su hermano, a su ex mujer y a dos allegados. Jaime también se encuentra procesado e irá a juicio oral acusado de recibir dádivas de empresarios del transporte a los que debía controlar –pago de alquiler de un departamento y de viajes– y por la tragedia ferroviaria de Once, que en 2012 provocó 51 muertos y más de 700 heridos.