CFK cuestionó el proyecto oficial de jubilaciones: “es un bodrio”

La ex presidenta Cristina Fernández cuestionó el proyecto oficial sobre jubilaciones, al señalar que se trata de un “auténtico bodrio legislativo” que provocará la “destrucción del sistema”.

En un texto que difundió a través de sus perfiles en Twitter y Facebook, la ex jefa de Estado señaló que la iniciativa es “un verdadero Caballo de Troya. Pero adentro no vienen ni Aquiles ni Ulises. Por el contrario, este auténtico presente griego trae el ‘huevo de la serpiente’ para la destrucción del Sistema Previsional Argentino (SIPA)”.

Además, según Fernández, traerá aparejada “la inequidad tributaria al eliminar impuestos progresivos (bienes personales y renta financiera) para los que más tienen, la ilegalidad al excluir del blanqueo a los familiares de los funcionarios políticos, la opacidad de excluir también a los otros poderes del Estado, la inconstitucionalidad de la mordaza impuesta a terceros o periodistas que piensen en desatar los nudos de los Panamá Papers”.

La ex presidenta, que en 2010 firmó un decreto que abortó la suba de las jubilaciones votada por el Congreso, consideró ahora una “burla establecer una quita de entre el 30% y el 60% para los jubilados que tienen juicio contra la ANSES”.

“Debo confesar que, como ex legisladora, y ante una rápida lectura del proyecto, lo que más llamó mi atención fue la mezcolanza de temas: blanqueo, jubilados, juicios, cambios de índices de actualización y edades del SIPA, venta de acciones del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad), derogación de impuestos progresivos, acuerdos fiscales con las provincias, etc”, enumeró.

Según la ex mandataria, se trata de “un auténtico bodrio legislativo. Por método y por contenido. Poco común. Tal vez solo comparable, en mi experiencia como legisladora (1989-2007), con el famoso proyecto de ‘súper-poderes’ para Cavallo, que nos enviara el Gobierno de la Alianza durante el año 2000. Cualquier coincidencia con la actualidad no es mera casualidad, sino absoluta causalidad”.

El megaproyecto del Gobierno para reparar deudas previsionales, crear un beneficio universal para los mayores de 65 años sin aportes y favorecer el blanqueo de fondos recibió el martes apoyos y críticas en la reunión conjunta de comisiones de la Cámara de Diputados que hoy sacarán dictamen para que la semana que viene se discuta en el recinto.

Varios gobernadores se habían sumado a la iniciativa. Tanto peronistas como integrantes de Cambiemos resaltaron la justicia del pago a pensionados y destacaron los beneficios de que sea ley el acuerdo de devolución escalonada de coparticipación.

Apuntes para la semana

Si hubiera que atenerse a la forma en que el presidente Mauricio Macri anunció el envío al Congreso del proyecto para saldar las deudas con los jubilados y pensionados que ganaron o tramitan juicios contra el Estado a través de los ingresos fiscales que produzca el blanqueo de dólares y activos no declarados en el país y el exterior, podría concluirse que el éxito de esta iniciativa estará atado a la adhesión que genere entre los evasores impositivos.

“Para poder pagar nuestras deudas con los jubilados, queremos cobrarles a los que más tienen y han evadido impuestos en los últimos años”, afirmó Macri en el acto del viernes último en un centro porteño de jubilados, donde tres de ellos compartieron el micrófono para explicar cuánto tiempo llevan sin cobrar el reajuste retroactivo de sus haberes pese a contar con sentencias firmes.

El problema de este proyecto –que esta semana iniciará su recorrido legislativo– es que los mayores gastos son cuantificables (unos 75.000 millones de pesos anuales, equivalentes a 5.200 millones de dólares al actual tipo de cambio), pero los ingresos para cubrirlos dependen de estimaciones muy preliminares. En la Casa Rosada prevén, extraoficialmente, que el blanqueo podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, aunque no arriesgan una cifra sobre la recaudación destinada a la Anses.

En el primer caso, el economista Orlando Ferreres calcula que los beneficiarios de la iniciativa serían unos 70.000 jubilados que ya tienen juicios ganados y cobrarán la deuda de inmediato; mientras que otros 300.000 con juicios iniciados y altas probabilidades de ganarlos percibirían un 50 % al contado y el resto en tres años en cuotas ajustables. Además, quedarían 1.800.000 a quienes se les ofrecerá un ingreso mensual basado en los valores actualizados de los últimos 48 meses (que se estima en 45%), sin retroactividad y a través de acuerdos individuales para no incidir en demandas judiciales. Un mecanismo similar (con un ajuste de 35%, en este caso a través de un decreto) se prevé para los trabajadores próximos a jubilarse. Por otro lado, se creará la denominada pensión universal para el adulto mayor (PUAM) para mayores de 65 años, equivalente al 80% del haber mínimo, más asignaciones familiares y cobertura del PAMI. Esta medida alcanzará a unas 60.000 personas no incluidas en las moratorias dispuestas por el gobierno kirchnerista, que sumaron más de 2 millones de jubilados y pensionados, muchos de ellos sin aportes previsionales previos.

En cuanto al blanqueo, Ferreres estima que los residentes argentinos disponen, dentro y fuera del país, de unos 400.000 millones de dólares (entre cuentas, activos y propiedades), de los cuales la mitad está declarada y el resto se mantiene en negro. A partir de estos datos, admite que resulta muy difícil calcular qué proporción de dinero no declarado podría ingresar a la economía formal. Una hipótesis optimista (de 25%) ubicaría la exteriorización en 50.000 millones de dólares. Pero aún más complicado es prever qué monto de recaudación extra lograría la AFIP para destinar a la Anses, a través de la “amnistía fiscal” que deberá tratar el Congreso.

A diferencia del último blanqueo dispuesto en el 2013 por Cristina Kirchner, que fue gratuito (y apenas permitió exteriorizar unos 4.000 millones de dólares en dos años y medio de vigencia), el régimen proyectado ahora prevé un sistema de premios y castigos. Los contribuyentes en regla serán eximidos de pagar el impuesto a los Bienes Personales, cuyo piso será elevado escalonadamente en tres años, para desaparecer en el 2019 y ser reemplazado por un impuesto a la herencia. En cambio, quienes evadieron impuestos por ocultar dólares o activos deberán pagar alícuotas (o “penalidades”) más altas cuanto mayor sea el monto que declaren.

Por caso, el impuesto especial prevé tres niveles. Para menos de $ 305.000 (o sea 21.700 dólares al valor actual), no se pagará nada. Entre $ 305.000 y $ 800.000, la alícuota será del 5%, al igual que para propiedades no declaradas. Y por más de $ 800.000 (unos 51.700 dólares) habrá una penalidad de 10% en el 2016, que pasará a 15% entre enero y fin de marzo del 2017. El blanqueo podrá realizarse dejando los fondos en el exterior, depositándolos en efectivo en un banco local, donde quedarán inmovilizados hasta el fin del plan; o a través de dos títulos públicos nacionales: uno a 3 años de plazo sin intereses y otro a 6, con un rendimiento de 5% anual a partir del cuarto año.

Con esta diversidad de opciones, Ferreres señala que si se calcula una alícuota promedio de 6%, un blanqueo de 50.000 millones de dólares recaudaría alrededor de 3.000 millones de impuestos, pero aún faltarían unos 2.200 millones de dólares para cubrir las deudas previsionales. Si la regularización fuera de 20.000 millones, la recaudación se reduciría a 1.200 millones de dólares. De ahí que el proyecto deja abierta la puerta a la venta de las acciones de empresas que cotizan en bolsa y pasaron a la Anses tras el fin de las AFJP, para lo cual también se necesita la aprobación del Congreso.

La principal carta de la Casa Rosada para presionar una mayor adhesión al blanqueo son los acuerdos internacionales de intercambio, que a partir de enero permitirían a la AFIP obtener automáticamente información sobre cuentas bancarias de argentinos en 48 países o paraísos fiscales, que prevén cerrarlas si los fondos no fueran declarados. En la mayoría de los casos, sería menor el costo del blanqueo que pagar los impuestos adeudados si fueran descubiertos.

Pero antes de llegar a esa instancia, el proyecto oficial deberá pasar por el filtro del Congreso, donde todavía están abiertas las heridas que dejó el veto presidencial de la controvertida ley antidespidos. No sólo por esta razón la negociación se perfila muy ardua. La iniciativa de Macri apunta a que el mayor ingreso de los jubilados mejore el consumo y que los dólares blanqueados reactiven la actividad de varios sectores, para que la economía retome el crecimiento en el 2017, año de elecciones legislativas en las que el oficialismo tiene el objetivo conseguir más bancas en el Congreso, a expensas de los bloques opositores. Precisamente, los que deberán decidir sobre el futuro de esta ley.

Resulta difícil calcular qué proporción de dinero no declarado podría ingresar. Una hipótesis optimista (de 25%) ubicaría la exteriorización en u$s 50.000 millones.

Más complicado es prever qué monto de recaudación extra lograría la AFIP para destinar a la Anses, a través de la “amnistía fiscal” que deberá tratar el Congreso.