Jueces deben pagar antes de jubilarse con el 82%

Hay una diferencia en los aportes que hicieron. Se trata de unos 8 millones de pesos, que deberán abonar jueces y funcionarios rionegrinos a un promedio de entre 35 y 40.000 pesos cada uno.



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Este esquema previsional generó la rápida reacción de otros sectores que quieren el mismo beneficio.

VIEDMA (AV).- Jueces y funcionarios de la Justicia rionegrina deberán pagar en promedio de 35 a 40 mil pesos para acceder al nuevo régimen previsional, que les garantiza el 82 por ciento móvil para sus futuras jubilaciones.

El STJ concluyó y remitió al Ejecutivo el cálculo de los aportes retroactivos de magistrados y funcionarios judiciales que Nación requiere para incorporarlos al sistema jubilatorio especial al que adhirió recientemente Río Negro.

En total, ese personal judicial deberá abonar algo más de 8 millones de pesos.

Ese esquema jubilatorio otorga el 82 por ciento móvil, pero fija otras condiciones en los aportes de activos: un mayor porcentaje y su aplicación sobre la totalidad de las remuneraciones (existe actualmente un límite de retenciones).

La Nación requiere esas diferencias de contribuciones desde junio de 1996 -en ocasión que la Caja fue transferida y se modificó el régimen- y ese monto fue calculado por la Justicia, totalizando más de 8,3 millones, con marcada disparidad entre los potenciales beneficiarios.

Esa retroactividad solicitada se conforma esencialmente por las retenciones de la totalidad de los haberes, además del aumento del porcentaje de los aportes.

Los jueces y funcionarios podrán optar si continúan con el actual régimen o si, por el contrario, adhieren al sistema jubilatorio de la ley 24.018. En este último caso, los adherentes deberán pagar la diferencia retroactiva y asumir mayores retenciones en sus futuros haberes.

El promedio de la “deuda” previsional oscilaría de 35 a 40 mil pesos. Los camaristas proyectan obligaciones de 60 a 100 mil pesos.

Por sus obligaciones patronales, el Estado deberá aportar 1,7 millones.

El monto es inferior a lo que inicialmente se preveía, entonces Hacienda no planteará obstáculos porque “el impacto financiero no es representativo”, admiten en ese ministerio.

Así, el debate se centrará actualmente en los pagos que deberán realizar los magistrados.

La provincia y la AFIP ensayaron opciones de pago, centradas en convenios de hasta 60 meses, es decir, otorgar un plazo de cinco años a los jueces y funcionarios de ese Poder para cancelar esos aportes previsionales.

El planteo es todavía silencioso, pero se insinúan observaciones internas por ese requerimiento nacional. Ocurre que un retroactivo de unos 40 mil pesos representaría un impacto del 8 al 10 por ciento en ciertas remuneraciones durante los próximos cinco años.

El régimen de la ley 24.018 permite jubilarse a partir de los 60 años -con 30 años de aportes- y garantiza el 82 por ciento móvil para sus haberes. En Río Negro, más de una veintena de magistrados y funcionarios ya están en condiciones de acceder al mismo, pero antes se debe formalizar su operatividad.

Tucumán y Mendoza como Río Negro- tienen convenios con Nación de adhesión a ese régimen especial para la Justicia. Pero aquellas provincias todavía no pudieron incorporarse efectivamente porque los magistrados no aceptaron los pagos retroactivos, solicitando que sus estados asuman esos compromisos individuales.

Ademas, Sitrajur incorporó otro elemento: piden que ese beneficio jubilatorio del 82 por ciento móvil se extienda a la totalidad del personal de la Justicia. En realidad, esa solicitud gremial es nacional y conformó la principal razón del paro del último viernes.


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