Juez de la Corte recibió a los piqueteros
Piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez le pidieron ayer al ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni que «desde la Justicia se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todos los trabajadores» y se ponga fin a «la judicialización de la protesta social».
Durante una reunión de aproximadamente una hora, el líder de esa fracción de los piqueteros, Roberto Martino, explicó a Zaffaroni que «si se cumplirán todos los derechos humanos, el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, no habría razón para reclamar».
«Nosotros no estamos protestando sino reclamando por los derechos que la Constitución nos otorga. El que está en falta es el poder político, que no es capaz de garantizar esos derechos», explicó el propio Martino trasa la reunión.
El dirigente reconoció que los reclamos «rozan a veces» con el derecho de los ciudadanos a transitar libremente, especialmente cuando los piqueteros interrumpen el tránsito vehicular en calles y rutas.
«Lo que se debe entender es que nosotros no realizamos esos cortes porque queremos sino porque no tenemos otra alternativa para poner en conocimiento de la gente nuestra situación», explicó.
En tanto, el fiscal de Instrucción de La Plata, Mercelo Romero, aclaró que ordenó filmar las «columnas de seguridad» y no a los piqueteros, en tanto que el titular de la Federación Tierra y Vivienda (FTV), Luis D'Elía, enmarcó esta actitud en «lo peor de la dictadura» y acusó al fiscal de «judicializar» el conflicto social y «satanizar» a los pobres.
«No se filma a los piqueteros sino a las denominadas columnas de seguridad, totalmente injustificadas e innecesarias, porque la seguridad de los piquetes está garantizada por la policía de la provincia», dijo el fiscal Romero en una entrevista con FM Hit. (Télam y DyN)
Piqueteros del Movimiento Teresa Rodríguez le pidieron ayer al ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni que "desde la Justicia se garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todos los trabajadores" y se ponga fin a "la judicialización de la protesta social".
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