Juez exige a Ciccone que informe quiénes son sus dueños

El juez en lo Comercial Javier Cosentino intimó a la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) a que informe antes del próximo miércoles quiénes son sus dueños y advirtió que, de no hacerlo, podría separar a la actual administración de la empresa. Así lo indicó a través de una resolución firmada el último jueves y comunicada ese mismo día a la empresa que es investigada por el presunto vínculo del vicepresidente Amado Boudou con Alejandro Vandenbroele, quien figura como titular del directorio de la compañía desde que se le levantó la quiebra. Mientras que el 30% de la empresa pertenece a la familia Ciccone, el 70% es controlado por el fondo de inversión The Old Fund, cuyos reales dueños se desconocen, y por ello la Justicia pidió ahora que se informe acerca del estado actual de la firma. En su resolución, el juez Cosentino le dio a la empresa 48 horas para responder a la intimación, pero el plazo vencería el miércoles próximo, debido a los días inhábiles de viernes (feriado), sábado y domingo. Si la ex Ciccone no presenta el informe requerido para ese día, el magistrado podría disponer la separación de la actual administración de la empresa – en concurso de acreedores-, según la resolución judicial publicada ayer por el diario Clarín. “Intímase por última vez a Ciccone Calcográfica SA a efectos de que en el plazo de 48 horas cumpla con lo solicitado por el Tribunal, bajo apercibimiento de disponer la separación de la administración de la deudora, de conformidad con lo dispuesto por la ley de Concursos, art. 17”, establece la resolución. Cosentino pidió saber si la compañía hizo las declaraciones juradas ante el Fisco en tiempo y forma; también pidió conocer el estado del plan de pagos acordado con la AFIP; si existen pasivos posconcursales; el personal dependiente de la empresa y la actividad que desarrolla en la actualidad. La sindicatura del concurso de la ex Ciccone había pedido que la empresa abriera sus libros contables y societarios, pero los nuevos dueños de la compañía se negaron a hacerlo y se ampararon en el secreto fiscal y bancario. Sin embargo, el secreto fiscal y bancario en torno a la empresa fue levantado la semana pasada por el juez penal, Ariel Lijo, quien investiga si hubo algún delito en el salvataje de Ciccone tras la declaración de quiebra.

La firma que contrata el Estado para imprimir su moneda no tiene dueños identificados aún.