“Juicio de residencia”
Si bien en cualquier tarea de gran aliento los abusos son inevitables, España trató de minimizarlos con el máximo rigor. No toleró ni la corrupción ni la arbitrariedad en su imperio, y por eso creó tres instrumentos legales para impedirlas: los visitadores, para darle al rey información confiable del asunto bajo sospecha; los jueces pesquisidores, delegados de la Corona que debían impartir justicia sobre temas graves y concretos, y finalmente los juicios de residencia. Sobre estos, el historiador Jorge M. Ramallo escribió: “Al cabo del mandato de los funcionarios de mayor jerarquía se llevaba a cabo un juicio de residencia, sin que mediara acusación o denuncia de ninguna naturaleza. Se trataba de un medio de comprobación del desempeño del funcionario… El juez residenciador invitaba a los pobladores de la jurisdicción a presentar cargos contra el residenciado durante un lapso determinado. De acuerdo con las comprobaciones efectuadas, el juez daba traslado de las acusaciones al imputado para que produjese el descargo. Luego sobrevenía la sentencia, que podía absolver o condenar al residenciado.” El proceso era sumario y público y el magistrado en la sentencia tenía en cuenta el parecer de los vecinos honrados y prudentes, era una forma mediante la cual el pueblo pedía cuentas de sus actos al funcionario cesante. Estos juicios se hacían con todos los funcionarios salientes; hubo sin embargo una notable excepción, la de don Pedro de Cevallos, de notaria honestidad y competencia. No hubo quien pusiera algún reparo a su conducta militar o política. La supresión de estas instituciones de control en 1779 señaló un progresivo declive de la moral pública tanto en España como en América. Todos sabemos que “la ocasión hace al ladrón”, y que si un funcionario es bueno, y además sabe que está siendo vigilado por jueces que no tienen precio ni temor, seguramente no se apartará del recto camino. Siempre admiré estas instituciones hispánicas porque sus sentencias tenían una envidiable independencia respecto del poder político, y el culto al sentido común las llevaba a rechazar los tecnicismos jurídicos que tanto favorecen a los imputados. En ese tiempo Menem no estaría libre ni Oyarbide en el juzgado. Antes de que CFK vuelva a sus hoteles quisiera formularle algunos reparos: ¿por qué desacreditó la democracia asumiendo actitudes tan autocráticas que le quitaron razón de ser al parlamento, igual que bajo el gobierno militar? ¿Por qué invocando la inclusión toleró el aumento de la desigualdad educativa, económica y social? ¿Por qué sus principales funcionarios están sospechados o imputados de los más graves delitos? ¿Por qué falseó las estadísticas y niega la existencia de la inflación y de una escandalosa pobreza? ¿Por qué la prosperidad económica fue sólo para usted, su familia e incondicionales? ¿Por qué baila sobre un país reducido a la más completa insignificancia, con economías regionales colapsadas por su desgobierno y cuyos empobrecidos empresarios abandonaron o malvendieron sus propiedades, enfermaron, entraron en depresión, emigraron y hasta se suicidaron? ¿Por qué da subsidios en vez de trabajo? La lista de quejas podría ser interminable, pero lo más desolador es que estas quejas sólo en los siglos XVII y XVIII podrían haber conducido a un juicio de residencia… Humberto Guglielmin, DNI 10.401.180 Bahía Blanca
