Junta Electoral le dijo “no” a Goye

Le rechazó el pedido de revocatoria de mandato contra siete ediles y de nulidad al referéndum.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Junta Electoral le cerró el paso al intento del ex intendente Omar Goye para promover la revocatoria de mandato contra siete concejales debido a que no cumplió con las formalidades exigidas por la Carta Orgánica. Pocos días antes del referéndum que determinó su propia revocatoria, Goye presentó en el Concejo municipal un escrito acompañado por 2.542 firmas para impulsar el desplazamiento de sus cargos de los concejales María Martini, Alejandro Ramos Mejía, Ramón Chiocconi (los tres del PJ), además de Alfredo Martín, Carlos Valeri y Diego Benítez del Frente Grande y Mauro González del PVC. En principio, el número de firmas de vecinos cumplía con el 3% del padrón, que es el piso mínimo requerido para poner en marcha el trámite. Pero la Junta Electoral las desestimó porque “no estaban certificadas por nadie”, según informó ayer el titular de ese organismo, Marcos Miguel. Dijo que resolvieron rechazar la solicitud por incumplimiento de los requisitos básicos y sin analizar el fondo de la cuestión. Así le fue notificado al ex secretario privado de Goye, Oscar Borchichi, quien figuraba como responsable de la presentación. Ayer también la Junta le comunicó a Goye el rechazo su pedido de nulidad del referéndum revocatorio que puso fin a su mandato como intendente. En este caso la causal fue “falta de legitimación activa” del solicitante, ya que “no se presentó como apoderado de ningún partido político”. En relación con la presentación contra los ediles, Miguel explicó que las planillas de firmas estaban intercaladas sin foliación alguna y que no cumplían con lo establecido en la Carta Orgánica. Dijo que “en forma supletoria” también analizaron las exigencias fijadas por la ordenanza 1.999 que regula la iniciativa popular. Pero tampoco en ese caso el planteo de Goye pasó el filtro. Miguel dijo que para dar viabilidad al proceso las firmas debían estar certificadas por la propia Junta Electoral “o bien por Juez de Paz, policía, escribano público u otra autoridad administrativa autorizada a tal fin”. Ese visado era indispensable para verificar la identidad de cada firmante, como paso previo al cotejo con la lista de empadronados. En primera instancia Goye había intentado promover la revocatoria de los siete concejales mediante ordenanza. En cada caso los proyectos necesitaban una mayoría especial de ocho votos sobre once, pero fueron rechazados por unanimidad. Entre los motivos invocados en la impugnación de los ediles, Goye citó para todos la supuesta irregularidad en el trámite de suspensión del Defensor del Pueblo, Vicente Mazzaglia.


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