Juristas internacionales visitan a Menem

Sin hacer declaraciones y en medio de un total hermetismo, dos ex funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), visitaron ayer al ex presidente Carlos Menem en la quinta de Don Torcuato donde el titular del PJ cumple prisión preventiva como presunto jefe de una banda que habría traficado armamento.

Se trata del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Nikken y el ex titular de la CIDH, Carlos Ayala, quienes entre las 17.20 y las 18.45 mantuvieron una reunión con el ex mandatario. El cónclave se cumplió tras los contactos que la ex subsecretaria de Derechos Humanos, Alicia Pierini, y la ex embajadora Alicia Ríos, efectuaron en la sede de la CIDH, en Washington, Estados Unidos, desde el jueves pasado.

Allí, las dos emisarias denunciaron que Menem sufre una «privación ilegal de la libertad» por parte del juez federal Jorge Urso, quien dispuso su procesamiento y prisión preventiva como presunto jefe de una asociación ilícita que traficó armas a Ecuador y Croacia.

Según dijeron voceros del ex presidente, la reunión de los ex CIDH se efectuó a solas con Menem, por lo que no trascendieron detalles del encuentro en el cual se habrían abordado las posibilidades de que la CIDH admita o rechace el recurso que presentó el ex presidente a través de Pierini y Martínez Ríos.

El ex mandatario envió a Washington un planteo en el que se presentó como víctima de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Poder Judicial. Ahora la Comisión, en principio, definirá si declara o no admisible el recurso, que podría ser desestimado porque Menem no ha agotado aquí todas las instancias existentes para reclamar la libertad, por vía de apelaciones y otros remedios procesales.

Fuentes del menemismo informaron que en el recurso presentado ante el organismo internacional -que en rigor es contra el Estado argentino-, el ex mandatario denunció «falta de garantías de un juicio justo».

Por otra parte, los abogados del ex presidente, Oscar Roger y Oscar Salvi, coincidieron en que el juez federal Jorge Urso «está sometiendo» al ex mandatario «a una vejación», porque «le está imponiendo un sistema que no tienen ni los condenados».

Al analizar la posición del juez, Roger indicó que «al que no responde Urso es al derecho, porque se guía por indicios que no son convergentes», en tanto que su colega señaló que «más que indicios, se está manejando con conjeturas. Acá no son ni datos objetivos, ni plurales, ni concordantes. Cuando no hay motivación jurídica, y cuando los errores son tan evidentes, me da derecho a pensar que hay algo más».

No obstante, en una entrevista publicada ayer por el matutino porteño Página/12, Roger opinó que «es muy dañoso para la estabilidad republicana echar sospechas sobre los jueces». (DYN)

Una extraña pérdida

BUENOS AIRES (EFE).- Una antigua declaración patrimonial del ex presidente Menem ha desaparecido de los archivos del Gobierno. Esa declaración de bienes, que data de 1976, es la «pieza clave» que permitiría al juez federal Jorge Urso determinar si el ex mandatario se enriqueció indebidamente durante su función gubernamental (1989-1999), indica el diario «Clarín».

«La extraña pérdida de una declaración patrimonial del 76», titula el rotativo en un artículo donde recuerda que el ex Jefe de Estado también fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito por los jerarcas de la dictadura militar que gobernó Argentina hace dos décadas.

Menem era gobernador de la provincia de La Rioja, en el noroeste del país, cuando el 24 de marzo de 1976 una junta castrense asumió el poder a sangre y fuego y encarceló a la mayoría de los entonces funcionarios nacionales y regionales, además de confiscar sus bienes.

Pero Menem pudo recuperar su patrimonio merced a un juicio que ganó al presentar una declaración patrimonial fechada en 1976, un documento que, casi dos décadas después, cuando ya era presidente, fue llevado a los archivos del Gobierno nacional, donde ahora no ha podido ser hallado.

Según el diario, que cita fuentes judiciales, en aquel listado de bienes figuraban terrenos y fincas que no aparecen en la declaración que presentó a finales de 1999, cuando tras 10 años de Gobierno traspasó el mando a Fernando de la Rúa.