Justicia desalineada

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Panorama

Habrá que esperar a mañana para ver. El proyecto de extinción de dominio votado la medianoche del jueves en Diputados tuvo muchos cambios y no llegó a estar listo para su envío al Senado, pero se afirma que un artículo –el 8º– está hecho a la medida de Máximo Kirchner. ¿Una ley de la Nación pensada como instrumento de revancha? El kirchnerismo ha sembrado de rencores la política todos estos largos años.

La ley de extinción de dominio busca en líneas generales que bienes de origen ilícito puedan ser recuperados por el Estado sin necesidad de una condena y mediante el sencillo trámite de una acción civil. Más simple: que lo robado sea devuelto en medio del proceso. Aunque considerables, causaron cierta sorpresa las advertencias del bloque kirchnerista sobre el riesgo de que la ley pudiera violar el derecho de propiedad consagrado en la Constitución. Otra señal de cambio de época. Los especialistas –fueron consultados juristas como Vanossi y Gil Domínguez– sostienen que la acción civil no supone un acto de expropiación. “De un hecho ilícito, no pueden nacer derechos”, lo resumió en el recinto la titular del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño.

Horas antes, Diputados había dado media sanción a la ampliación de la figura del arrepentido para los casos de corrupción, que beneficia con una reducción de la pena al imputado que ofrezca información que facilite la investigación de un ilícito. Fue aprobada por amplísima mayoría –que esta vez al incluyó al kirchnerismo– en base a los proyectos de los bloques del Frente Renovador y de Cambiemos.

¿Quería el gobierno impulsar estas dos leyes? Jamás generaron allí entusiasmo. Un anteproyecto de la Oficina Anticorrupción circuló entre los bloques, pero el Ejecutivo nunca lo envió formalmente al Congreso. La jefatura de Gabinete las subestimó mientras pudo. En su reciente paso por Bogotá, el presidente Macri escuchó algunas advertencias de su colega Juan Manuel Santos sobre la figura del arrepentido, que el colombiano debió enfrentar en su gobierno. Como sea, después del trámite en el Senado, las leyes estarán pronto a disposición de los jueces federales, que atraviesan un paroxismo después de largos años de sujeción y temor.

Después de la implosión que provocó el caso José López, la semana cerró con el llamado a indagatoria –y el pedido de prisión de la UIF– a los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez en la causa por lavado. En una declaración inusual en los pasillos de tribunales, el juez Casanello y el fiscal Marijuán revelaron el viernes la existencia de “numerosas cuentas” de la familia Báez en Suiza y dieron por probado el lavado de activos. En las horas previas, Báez formalizó ante la Cámara su declaración de puño y letra y ratificó que vio al juez que lo mantiene preso esperando ser recibido por la presidenta Kirchner en Olivos, en noviembre pasado. El vértigo había comenzado con la detención en Paraguay del prófugo Pérez Corradi, autor intelectual del Triple Crimen de 2008; siguió con los procesamientos del ex ministro De Vido y del ex secretario Jaime por irregularidades en la concesiones de servicios ferroviarios entre 2003 y 2009; después llegaron el pedido de elevación a juicio contra Boudou en la causa Ciccone y los múltiples procesamientos en la causa por lavado en la campaña de CFK de 2007 y los que alcanzaron a los tres últimos jefes de gabinete por el desvío de fondos públicos en el Fútbol para Todos, a partir de 2009. Alcanza con revisar las fechas para saber a qué le temían lo jueces.

Nadie sabe responder qué está pasando con los jueces del fuero federal. En el gobierno se reconocen los primeros en ignorarlo. Allí se afirma que las investigaciones, lejos de cualquier control, adquirieron dinámica propia y que los jueces actúan sin indicaciones. No lo dicen con alegría. Una curiosidad: hay quienes afirman que nadie en el gobierno habla con los jueces y quienes dicen que son demasiadas las voces que lo hacen. La acción de Carrió contra los “operadores” del rango Angelici en la justicia parece haber dado frutos. Macri soltó semanas atrás, en privado: “Lilita no quiere que nadie hable con los jueces. Salvo ella”.

A pesar de que le ha ofrecido el mejor pasaje en lo que lleva de gobierno, el presidente no tiene ningún respeto por el fuero federal y desearía avanzar sobre ese cuerpo en cuanto tenga oportunidad. Hay cuentas pendientes con algunos de ellos, de años pasados. La denuncia de la diputada radical Carla Carrizo contra el juez Daniel Rafecas en el Consejo de la Magistratura sería la avanzada contra el cuerpo. Otras miradas advierten que no es momento de golpear a ese fuero y que el objetivo debe ser el control de la Procuración. Todo esto denota la existencia de profundas diferencias en el gobierno sobre cómo manejarel frente judicial.

¿Le interesa a Macri que avancen las investigaciones? Una voz autorizada del oficialismo dijo que al asumir el presidente confeccionó una lista de cinco nombres: CFK, Boudou, Aníbal Fernández, De Vido y Echegaray. Todos están hoy procesados.

Hay quienes advierten que no es momento de golpear al fuero federal, que ya habrá cuándo y que el objetivo inmediato es el control de la Procuración.

Una voz autorizada dijo que, al asumir, Macri confeccionó una lista de cinco nombres: CFK, Boudou, Aníbal F., De Vido y Echegaray. Todos están hoy procesados.