Justicia dispuso restricciones para Limardo

La liquidación de mayo incluía a once penitenciarios fícticios. El fiscal recibió testimonios del personal de Recursos Humanos.

Funcionarios fantasmas

El juez penal Guillermo Bustamante dispusó ayer restricciones ambulatorias para el exdirector de Recursos Humanos, Gabriel Limardo, principal sospechoso de la maniobra de las funcionarias y empleadas fantasmas en Río Negro.

Mientras tanto, el fiscal Hernán Trejo habría recibido ayer diferentes testimonios del personal que cumplen funciones en Recursos Humanos.

Simultáneamente, el gobierno detectó que la planilla del Servicio Penitenciario tendría once agentes penitenciarias que no tendrían funciones y que se aprestaban para liquidarle sus haberes en mayo, su primer haber. En principio, esos estatales ficticios -que incluiría a las tres ex funcionarias fantasmas- figuraban en las liquidaciones salariales, que pagarán la semana próxima.

En una cautelar, Bustamante dispuso que Limardo deberá dormir en su domicilio y no podrán abandonarlo por más de 12 horas, y concurrir cuatro veces por día a la comisaría. Estas medidas -que requirió el fiscal- están orientadas al control y localización inmediata del exfuncionario provincial.

Por su parte, una empleada y un director de Liquidación de Recursos Humanos prestaron ayer declaraciones testimoniales, centradas en el pago de los sueldos a las tres funcionarias fantasmas.

En cambio, el paro bancario de ayer habría demorado la entrega a la Justicia del informe requerido al Banco Patagonia como agente financiero del Estado rionegrino, en relación a la tramitación de los pagos salariales a estatales y específicamente la entrega para ello de parte de la entidad bancaria de las tarjetas personalizadas para el cobro de sueldos.

Asimismo, en el allanamiento de la vivienda de Limardo, la Justicia habría obtenido documentación vinculada a la empresa de limpieza que tuvo y que al ingresar al Estado cerró. En esa firma habría mantenido una planta de 11 personas que al dejar de funcionar no las habría indemnizado. Se estima que con ese objetivo habrían sido incorporadas tres personas con cargos de directores, desde abril del 2013 a febrero pasado cuando el gobernador dispuso la baja masiva de funcionarios. Sus remuneraciones de bolsillo habrían estado en los 16 mil pesos aunque el impacto estatal superaría los 23 mil pesos por sus diferentes aportes.

Luego, a partir de mayo, Limardo habría incluido en el plantel del Servicio Penitenciario a las tres ex funcionarias fantasmas y ocho nuevas agentes fícticias, según la teoría judicial. Algunas fuentes del gobierno ya admiten que esos cargos fueron liquidados en mayo, pero no se habrían pagado, es decir, el escándalo desbarató el desembolso de once salarios por agentes penitenciarios que no cumplen funciones.

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