Justicia española ratificó su competencia para juzgar 31-7-03

DERECHOS HUMANOS

MADRID/BUENOS AIRES.- La Justicia española reiteró ayer su competencia para juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura argentina, informaron fuentes judiciales. La Audiencia Nacional (principal instancia penal española) mantuvo su competencia para juzgar esos crímenes al rechazar ayer los argumentos de la fiscalía contra la apertura de juicio al ex teniente de navío argentino, Adolfo Scilingo, acusado de los delitos de genocidio, torturas y terrorismo.

El apoyó al juez Baltasar Garzón llegó en un día en el que el presidente Néstor Kirchner aseguró que a los ex represores argentinos deberían ser juzgados en el país.

Tras conocer esta resolución de la Sala, el fiscal Pedro Rubira preparó ya el anuncio para la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo basándose en la sentencia que dictó este tribunal en el caso Guatemala, que estableció que los tribunales españoles sólo eran competentes para juzgar los crímenes contra españoles y en relación con el delito de torturas Garzón reclamo hace una semana la detención de 46 ex represores argentinos, que fueron detenidos a fines de la semana pasada por el juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral, en respuesta a la orden de detención. A su regreso de una gira por Estados Unidos, el presidente Néstor Kirchner derogó el decreto firmado por el ex jefe del Estado Fernando de la Rúa que prohibía la extradición de militares acusados de violaciones a los derechos humanos Francia fue el segundo país en reclamar la extradición de ex militares. El pedido fue por el ex marino Alfredo Astiz El martes pasado se sumaron a los reclamos para juzgar a los represores Israel y Alemania Ayer fue el turno de Italia que también reclamará a Astiz.

En los tribunales locales quedan pendientes quince audiencias con los acusados y hay tres militares declarados en rebeldía De acuerdo con la información suministrada por fuentes judiciales, el juez federal porteño Rodolfo Canicoba Corral no concurrió ayer a los tribunales y, consecuentemente, no resolvió los planteos presentados por el ex general Antonio Bussi y otros seis detenidos que, amparados en el tratado de extradición entre Argentina y España, reclamaron su libertad El fiscal federal Guillermo Marijuan se opuso a la liberación de los imputados por entender que podría existir riesgo de fuga por parte de los hombres requeridos desde España.

Mientras, el abogado Giancarlo Maniga, representante de la querella en el juicio que se sustancia en Italia contra militares argentinos, anunció ayer que ese país «renovará el pedido de extradición hecho en 2001 contra el capitán de fragata Alfredo Astiz», detenido la semana pasada por orden de Canicoba Corral. «Presionaremos al fiscal (italiano) Franceso Caporale para que vuelva a solicitar la extradición», indicó Maniga en declaraciones difundidas por la agencia francesa de noticias AFP Los ex generales Carlos Suárez Mason y Santiago Omar Riveros fueron condenados en Italia, en ausencia, por la desaparición de ciudadanos ítalo-argentinos. No obstante, Argentina no admit las extradiciones fundadas en juicios sustanciados en ausencia del acusado, por lo que son virtualmente nulas las posibilidades de que esos reclamos prosperen.

En el otro frente abierto, un grupo de diputados justicialistas comenzó ayer a estudiar la posibilidad de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, tras la decisión oficialista de avanzar con una salida parlamentaria al problema de los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Los diputados justicialistas puestos a analizar los posibles caminos de la anulación encontraron un terreno con más interrogantes que certezas.

El bloque justicialista se reunirá el miércoles próximo y la discusión se abrirá al conjunto de sus legisladores de la Cámara Baja. (Télam/DyN/AFP)


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