Justicia y medios

La absolución de los únicos imputados por el asesinato de tres mujeres en un laboratorio de Cipolletti, en mayo del 2002, conmociona a la sociedad rionegrina.

El desaliento crece ante la sensación de que, por alguna razón, la Justicia y su auxiliar -la Policía- se han mostrado en este caso incapaces de lograr un estándar de efectividad que sea considerado aceptable por la mayoría de las personas.

Mucho se ha escrito respecto de las razones posibles de este quiebre habitual entre la expectativa ciudadana y la realidad, sobre todo en los más resonantes juicios y en las estadísticas globales de resolución y penalización.

Los criterios divergen en tres sentidos: que esta brecha obedece a fallas en la organización del sistema y la distribución legal de tareas entre la investigación, acusación y juzgamiento. O, por el contrario, a errores humanos vinculados con la falta de formación, de equipamiento o de coordinación entre los protagonistas que interactúan en las distintas etapas desde que un crimen se produce hasta que se dicta la sentencia final. O a una combinación de ambos factores.

Lo que resulta llamativo es la responsabilidad que los jueces de la Cámara Segunda coinciden en atribuir a los medios de prensa en la frustración del esclarecimiento y condena de este salvaje asesinato del laboratorio cipoleño.

Precisamente porque durante todo este proceso los medios han actuado con libertad, hoy la ciudadanía de Río Negro y de Neuquén conoce las pruebas que incriminaban a uno y otro imputado, y la distinta valoración que de ellas se hizo durante la instrucción y mientras duró el juicio oral; las medidas de prueba que, según su estilo, ordenó revisar la Cámara, el resultado de estas acciones, en fin… Y esto, sin que implicara que los medios tomen a su cargo la acusación, ni realicen una suerte de «juicio paralelo», ni que su tarea sea en desmedro de la presunción de inocencia que beneficia a todo imputado. Tanto, que la absolución ha sido tomada por la sociedad con indignación pero sin sorpresa, y no ha derivado en ningún intento de «linchamiento» sino, en todo caso, en el amargo sabor que deja saber que anda entre nosotros quien aplicó tormentos brutales a cuatro mujeres y mató a tres de ellas, aplicándoles a una un disparo y a todas decenas de puñaladas.

En el fallo, la referencia a la presunta irresponsabilidad de los medios de prensa aparece desmedida si se la compara con la negativa explícita de los jueces a revisar el accionar de quienes actuaron en el caso. Por eso, parece vinculada con la necesidad de buscar un «tercer culpable» del fracaso del juicio, como opción a la más pertinente acción de analizar en detalle el giro interno de la causa, desde el primer día hasta el último.

No es la primera vez que este tipo de argumentos es usado por la Cámara, ya que en ocasión del anterior triple crimen de Cipolletti también se respondió a través del fallo a lo publicado por los medios.

Puestas las cosas en estos términos, el principio de que «los jueces hablan por sus sentencias» parece así interpretado hasta un extremo insólito. Tal paradigma alude a que no es razonable que los jueces comenten por la calle o ante la prensa lo que constituye su impresión íntima respecto de cómo se produjo un hecho delictivo y sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados antes de dictar sentencia.

Pero un fallo no es el instrumento adecuado para que los jueces digan lo que opinan acerca de los medios de comunicación o de la labor de los periodistas. Porque esto implica considerar a la prensa como parte del juicio.

Los medios no son «parte». Y una sentencia no debería apartarse del análisis de las cuestiones que hacen al esclarecimiento y punición del hecho específico investigado.

Respecto de David Sandoval, el lavacoches ex paciente de la psicóloga Marcovecchio, una de las camaristas -la doctora María Evelina García- asegura que «ingresó» al expediente virtualmente «empujado» por la prensa. Sugiere que fue este diario -aunque no lo nombra- y «Clarín», los que lo señalaron como sospechoso y que sólo por esa razón, los fiscales y el juez lo incriminaron y luego procesaron.

Esto, claro, importa una seria descalificación del accionar de la fiscal de Comisaría, de la agente fiscal y del juez de Instrucción, sin contar a los investigadores policiales que participaron en aquella etapa.

Y equivale también a atribuir a los diarios -o a los medios, en sentido amplio- una mendacidad que nada tiene que ver con su intención de informar sobre los pormenores de la investigación de un hecho que conmovió a todo el país.

En rigor, la alusión al presunto poder incriminador de la prensa pone de manifiesto que la publicidad de los actos de gobierno -y el impartir justicia es precisamente eso- no es todavía vista con naturalidad en ámbitos del Poder Judicial.

El fallo nada reprocha en cambio al fiscal de Cámara, aunque es evidente que el juez López Meyer no se mostró nada conforme con su actuación. Es que el «Clavo» Sandoval fue absuelto sin remedio porque el fiscal de Cámara no respaldó la acusación formulada por la fiscal de Instrucción. Sin embargo, en su voto, López Meyer cita tantas evidencias en su contra que parece difícil pensar en su total inocencia. Estas inapelables referencias del magistrado tienen un indudable efecto sobre la duda general respecto de que el resultado final del juicio fue ajustado a derecho y, en definitiva, justo.

En cuanto a David Sandoval, la duda en el proceso radicó en la diferencia de conclusiones entre las pericias dactiloscópicas realizadas por la Gendarmería Nacional y las policías Federal, de Río Negro y de Neuquén. Y, en este caso, fueron los jueces de la Cámara quienes no supieron encontrar una salida al laberinto: ante resultados diferentes, concluyeron que todas las pericias eran erróneas cuando al menos una de ellas -ya no sabremos cuál- representaba la verdad.

En virtud de la compleja actividad que han elegido, los jueces y funcionarios judiciales se debaten entre dos riesgos: el de condenar a un inocente. O el también grave y -a diferencia de aquél- irremediable, de sobreseer a un culpable.

Mucho del andamiaje de una sociedad reposa sobre ellos. Sobre la capacidad y el coraje que muestren en su tarea de encontrar la «verdad judicial».

Es evidente que el sistema judicial, por la complejidad de su objeto, es perfectible. Pero sería deseable que se avanzara en los necesarios replanteos, a fin de que las sentencias no sean nunca más una relación pormenorizada de las razones por las cuales no fue posible hacer justicia.

Alicia Miller

amiller@rionegro.com.ar