Estafa con planes sociales en Neuquén: la fiscalía quiere embargar casas, autos y billeteras virtuales

El objetivo es evitar que los imputados "se insolventen" y poder rematar sus bienes, supuestamente adquiridos con dinero de la maniobra ilegal. Hubo fuerte resistencia de las defensas.

La jueza Carina Álvarez postergó para este martes una definición respecto del pedido de la fiscalía que causó más polémica: quiere embargar e inhibir todos los bienes de los imputados. Y en caso de que sean condenados, rematarlos para devolver el dinero que le sustrajeron al Estado.

Todas y todos los defensores, sin excepción, se opusieron al planteo de la fiscalía. Utilizaron como argumento que no está previsto en el Código Procesal Penal, y que algunas cuentas bancarias que procuran bloquear son cuentas sueldo y tienen carácter alimentario.

En el medio de la controversia, surgió un dato que nadie conocía: el exministro Abel Di Luca y el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, recibieron una vivienda del IPVU.

Los argumentos de la fiscalía


La encargada de reseñar el pedido de la fiscalía fue la asistente letrada Tanya Cid. Luego argumentaron el fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Manuel Narváez. Fue en el último tramo de la extensa audiencia del lunes, y debido a que ya eran las 14:30 y la jornada había comenzado cerca de las 9, la jueza postergó su definición. Se conocerá este martes al mediodía.

La asistente letrada Cid explicó que algunos de los 16 primeros imputados ya tienen un embargo sobre sus bienes, dispuesto por la jueza Estefanía Sauli en noviembre del año pasado.

Para ellos pidió una prórroga y una ampliación, pero manteniendo el embargo del 20% de sus cuentas bancarias. Para los 15 que se agregaron en septiembre pasado pidió un embargo total.

«Que no se insolventen»


«Queremos Inmovilizar los bienes de los imputados para que en una eventual condena se puedan decomisar para hacer la reparación económica al erario provincial, que es la víctima», dijo Cid. El objetivo es «evitar la posible continuidad de pérdida de estos fondos obtenidos de manera ilícita».

Por su parte Narváez explicó que en algunos casos «pedimos inhibición de bienes porque no podemos solicitar el embargo. Buscamos evitar que los imputados se insolventen para lograr el recupero al final del proceso».

El fiscal aclaró que «solicitamos el total del patrimonio del imputado, sin discriminar el período de la maniobra». Es decir, el bloqueo sería sobre los bienes muebles e inmuebles sin importar cuándo fueron adquiridos, y sobre las cuentas bancarias y billeteras virtuales.

La fiscalía pretende embargar, inhibir (una o ambas cosas, según el caso) a cada imputado por el monto total de la maniobra ilegal que investiga: más de 153 millones de pesos.

Las quejas de la defensa


Los defensores dijeron que la medida es «desproporcionada», entre otros motivos porque «afecta a terceros»: algunas viviendas son bienes gananciales de los imputados.

También señalaron que en la enumeración de la fiscalía figuran cuentas sueldos y otras donde se depositan alimentos. La asistente letrada Cid dijo que las cuentas sueldo no las había incluido en su listado.

Los defensores dijeron que el embargo no está previsto en el Código Procesal Penal, y que no se puede aplicar el artículo del Código Penal citado por la fiscalía.

La chacra y la casa de Soiza


En su enumeración, la fiscalía pidió embargo sobre viviendas, una chacra (de Soiza), automóviles, cuentas bancarias y billeteras virtuales de los imputados.

El defensor de Soiza, Esteban Sampayo, remarcó que la chacra de Soiza en Plottier no está a su nombre sino de una persona que falleció. El fiscal jefe Vignaroli replicó que el exdirector de Planes Sociales figura en Rentas como el que paga los impuestos.

Sobre la otra vivienda de Soiza, Sampayo dijo que está a nombre del IPVU y que será transferida al imputado y su esposa, pero que no son titulares del bien.

La casa de Di Luca


Gonzalo Roberto Rodríguez, abogado de Orlando Abel Di Luca, señaló que pretenden embargarle una vivienda que le adjudicó el IPVU en 1990, y que en 2019 «acordaron la entrega a la ex esposa» del ex ministro de Desarrollo Social. «No está en su patrimonio», agregó.

Una fuente de la fiscalía dijo que no saben cuánto dinero hay en cada cuenta que pidieron embargar, porque los bancos son reticentes y demoran en dar la información.

En un cuarto intermedio, un abogado sonrió con desgano y dijo, mirando a los imputados que tecleaban frenéticamente en sus teléfonos: «están haciendo transferencias antes que los embarguen. Esto se tenía que resolver en una audiencia privada, no en público».


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