La designación de una jueza y el arribo de un juez a Cipolletti encaminan el juicio por Otoño
Con dos nuevos magistrados, la Oficina Judicial tiene margen para conformar el tribunal. Se trata de una de las causas más importantes de la Circunscripción.
El 23 de octubre se cumplen 17 años de la desaparición de Otoño Uriarte. Foto: Archivo.
La ampliación del foro de jueces de Cipolletti le dejó margen a la Oficina Judicial para conformar el tribunal de uno de los juicios más importantes de las últimas décadas. Se trata del femicidio de la joven de Fernández Oro Otoño Uriarte, causa que mantenía en vilo a las autoridades de la circunscripción por la falta de magistrados imparciales. Los acusados podrían ser sometidos este año al escrutinio de la jueza Florencia Caruso, de Amorina Sánchez Merlo y del viedmense Juan Puntel.
Tantas idas y vueltas tuvo la causa que hasta el año pasado no quedaban juezas ni jueces para intervenir. Florencia Caruso es la única magistrada hasta ahora en toda la circunscripción que llega libre del expediente Otoño. La jura de Amorina Sanchez Merlo el 1 de febrero la dejará en condiciones de conformar el tribunal y la tercera incorporación será la de Juan Puntel, el juez viedmense que el 19 de diciembre de 2023 obtuvo su pase a Cipolletti.
Los dos jueces de garantías tienen el visto bueno de la Oficina Judicial, organismo encargado de conformar los tribunales. Sánchez Merlo porque proviene del área de jurisprudencia y maneja al dedillo toda la doctrina legal y Puntel por su experiencia en juicios trascendentes. Fue nada más y nada menos que el asistente jurídico de la fiscal Laura Perez, ahora jueza, que acusó en juicio a Susana Freydoz por el homicidio del exgobernador Carlos Soria. En ese momento manejaron todas las presiones políticas, mediáticas y obtuvieron una condena. Después de esa experiencia Puntel fue designado fiscal y posteriormente juez.
Sonia Martín, Rita Lucía y Alejandra Berenguer fueron parte de la etapa de instrucción del viejo código. Guillermo Baquero Lazcano y Julio Sueldo también intervinieron en apelación, ya que vienen de ser camaristas en la anterior ley. Marcelo Gómez fue fiscal, aunque no se conoce si la causa Otoño pasó alguna vez por su despacho. Guillermo Merlo fue secretario de Sonia Martín y tuvo bajo su custodia los voluminosos expedientes.
Laura González Vitale condujo con aplomo todas las audiencias del nuevo código procesal pero se jubiló. Y Agustina Bagniole fue la última jueza de la causa que el 29 de diciembre, último día hábil del año, no le concedió una nueva prorroga al defensor oficial Juan Pablo Piombo quien viene pidiendo más plazos desde que la causa volvió de la Corte Suprema en 2021.
Bagniole, junto con el rechazo de la prórroga, le ordenó a la fiscalia y a la querella que le den acceso a los defensores a los dos testigos de identidad reservada. No encontró razones para que se esconda esa carta y fijó su postura en el derecho internacional, que prohíbe develar las identidades recién en el debate sino que hay que hacerlo durante la etapa de investigación o control. Tampoco encontró razones fundadas para mantenerlos en el anonimato.
Esa decisión fue recurrida y el 2 de febrero el juez Julio Sueldo revisará la postura de la jueza de garantías. Luego de eso la causa se encamina al control de acusación y posteriormente al juicio.
A pesar de las expectativas, el caso no irá a juicio por jurados porque es anterior a la sanción de la ley. En los tribunales de Cipolletti, se abrió la carrera por quienes serán las o los magistrados. Después de 17 años una de las causas más sensibles de la región llegaría a debate en 2024.
La causa por el femicidio de Otoño Uriarte demandó la intervención de cinco juezas de Cipolletti. La primera fue destituida, la segunda condujo la investigación hasta el cambio del código procesal penal en 2017, la tercera se jubiló y la cuarta tomó intervención el verano pasado pero luego se acordó que había hallado el cuerpo en abril de 2007. En ese momento Rita Lucía era la fiscal y concurrió al paraje El Treinta junto con la jueza de instrucción Alejandra Berenguer.
Después de la excusación por el olvido de Rita Lucía, la jueza Bagniole condujo las audiencias de 2023 y tuvo la responsabilidad de dictar el sobreseimiento de Juan Calfiqueo para quien prescribió la acción penal. Esa decisión quedó firme porque no fue recurrida ni por la querellante Gabriela Prokopiew ni por la fiscal Teresa Giufrida.
Calfiqueo estaba acusado por encubrimiento que tiene una pena máxima de seis años de prisión. En el Código Penal se cuentan los máximos de las penas para ponerle una fecha de vencimiento a los casos.
Como el máximo es de seis años y pasaron ampliamente más de seis años desde 2009 en que Calfiqueo fue acusado la acción prescribió. No ocurre lo mismo para los demás imputados, a quienes le atribuyen la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de la joven de Fernández Oro. Al tener penas más altas (prisión perpetua) el plazo es mayor.
La querellante al tribunal de Ética
El día del sobreseimiento de Calfiqueo, la abogada Gabriela Prokopiew envió un audio en el que convocó a marchar pero ese contenido le valió el reproche de la jueza Bagniole, quien la mandó al tribunal de ética del Colegio de Abogados de Cipolletti. Eso ocurrió a principios de septiembre y hasta finales de año, el organismo que conduce el abogado Raúl Franco nunca se expidió.
La profesional hizo circular el audio de Whatsapp en la previa de la reunión con algunas explicaciones técnicas. Pero al final dice “estaría buenísimo juntar mucha gente porque la presión social les jode a los jueces, los asusta, la audiencia va a ser por Zoom pero la jueza va a estar en el Poder Judicial”.
Bagniole consideró que era grave que una profesional que interviene en una causa tenga este tipo de comportamientos. La jueza destacó la militancia y el compromiso de Prokopiew pero le recordó que en la audiencia no ejerce como militante, sino como querellante y “su compromiso debe ser por la realización del proceso de manera honesta” y conforme lo manda la ley.
Los imputados que irán a juicio son Néstor Ricardo Cau, Germán Ángel Antilaf, José Hiram Jafri, Maximiliano Manuel Lagos y Federico Axel Saavedra.
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