Piden bajar la pena a una mujer condenada a prisión perpetua en Cipolletti: antecedentes de violencia y vulnerabilidad
Irene Méndez está presa en el penal de Roca por el homicidio de Eduardo Honores, ocurrido el 7 de mayo de 2017 en Cipolletti. El defensor público solicitó una condena con perspectiva de género.
Irene Méndez junto al defensor oficial Juan Pablo Piombo. La causa está en el Superior Tribunal de Justicia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) sellará el destino final de Irene Méndez, presa por el homicidio de un hombre en Cipolletti. Hace unos días, en una audiencia que se hizo en Viedma, la defensa pública expuso argumentos a favor de la detenida. Reflejaron su situación de vulnerabilidad, la exposición al maltrato, al abuso sexual y a constantes situaciones de violencia.
El homicidio de Eduardo Honores ocurrió el 7 de mayo de 2017 en Cipolletti. Surgió del debate que el hombre frecuentaba mujeres que ejercían la prostitución y que asistían a su domicilio. En esas circunstancias y mientras el hombre se alistaba para tener relaciones sexuales en el interior del baño de la vivienda, Irene Méndez le disparó con un arma de fuego a la altura del tórax provocándole la muerte para posteriormente robar pertenencias y dinero en efectivo de la víctima.
Primero fue condenada a prisión perpetua con todos los agravantes, luego se ordenó un fallo que considerara la perspectiva de género. En esa etapa le aplicaron diez años de prisión pero después la fiscalía y la querella volvieron a impugnar y nuevamente recibió agravantes.
El miércoles pasado, el defensor general Ariel Alice expuso ante el STJ todas las condiciones de su clienta y reclamó un nuevo pronunciamiento que considere su historia de vulnerabilidad. El 15 de septiembre, según informó la oficina de comunicación del Ministerio Público, el STJ dictará la última sentencia, al menos en la faz provincial (pueden llegar con el caso hasta la Corte Suprema).
La defensa exigió un tratamiento con perspectiva de género basado en el hecho de que la víctima y la imputada estaban atravesados por una desigualdad simbólica ya que ella ejercía la prostitución y él era su cliente. Pidió como atenuante el historial de vulnerabilidad que la mujer vivió desde niña, expuesta al maltrato, al abuso sexual y a constantes situaciones de violencia.
Atenuantes
Entre otros atenuantes se enumeraron las condiciones económicas de la mujer, su pertenencia social y su historial de violencia. Insistió la defensa que los testimonios del juicio dieron cuenta de que siempre fue una mujer pobre, que tuvo escasas posibilidades.
Sufrió un abuso sexual desde niña, embarazados no deseados. Empezó a prostituirse a los 13 años para ayudar a su familia. Cuando logró establecer una relación de pareja tuvo cuatro hijos pero se encontró con un padre ausente.
En el debate, el defensor Juan Pablo Piombo resaltó las múltiples carencias “económicas, afectivas y en general de todo tipo”. Sostuvo que se detectan situaciones de desigualdad basadas en el género que se observan sin mayores esfuerzos. Su alegato fue contundente para conseguir el cambio de calificación a homicidio simple, pero ese fallo favorable que la condenó a 10 años fue luego impugnado por la fiscalía y la querella.
También sostiene la defensa que Méndez es una mujer que tuvo escasas oportunidades en la vida, que vendió su actividad sexual a cambio de dinero y que asumió todos los riesgos de la desigualdad frente a sus clientes.
El defensor general Ariel Alice refirió que no fue probado que la mujer se haya robado dinero ni que la conociera el giro económico de Honores y que, objetivamente, lo único que se encontró en poder de la acusada son objetos con módico valor económico y – que según lo que ella misma declaró en la formulación de cargos- habían sido regalados por la víctima antes del crimen.
“Nadie va a matar para robar utensilios. Nuestra representada declaró que le fueron regalados y no se le creyó”, sintetizó. Consideró que no se ahondaron en otros posibles móviles del crimen.
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