Kirchner busca prorrogar la emergencia hasta el 2005

El Gobierno nacional pidió al Congreso que extienda hasta el 31 de diciembre de 2005 la vigencia de la Ley de Emergencia Económica y que prorrogue el régimen de doble indemnización por despidos sin causa justificada hasta que el índice de desocupación sea inferior al 10 por ciento.

El presidente Néstor Kirchner firmó ayer el proyecto de ley, durante una reunión celebrada ayer por la mañana en Casa Rosada junto con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, se informó oficialmente.

El mensaje del Poder Ejecutivo para prorrogar la «Emergencia Pública» ingresó ayer a la tarde al Senado, por lo cual la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara se reunirá hoy para analizar la iniciativa.

El Poder Ejecutivo solicitó una nueva prórroga de la Ley de Emergencia Económica, por el cuál el Congreso le delega facultades especiales, bajo el argumento de «la subsistencia de numerosos factores internos y externos que condicionan», y por ello procura asegurar un marco de sustentabilidad interna.

En el proyecto elevado al Parlamento, la administración nacional destaca la mejora que muestran los indicadores económicos, y advierte que la tendencia «continuará en el tiempo como consecuencia del manejo responsable de las finanzas públicas y el cumplimiento de las metas acordadas, acompañado por el esfuerzo y sacrificio de la ciudadanía toda».

La Ley de Emergencia Económica 25.561 fue sancionada durante la gestión de Eduardo Duhalde, tras la crisis del 2001 y la salida del régimen de Convertibilidad.

La norma dio el contexto para que el Gobierno pudiera eliminar el mecanismo de ajuste automático de las tarifas de los servicios públicos y cualquier fórmula de indexación, y tuviera la facultad para renegociar los contratos con las empresas licenciatarias de tales servicios privatizados.

En esta nueva prórroga solicitada por el Poder Ejecutivo -la segunda consecutiva-, se reclama además al Congreso que ratifique la vigencia del régimen de doble indemnización por despidos sin causa «hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10 por ciento», en el entendimiento de que continúa la emergencia laboral en el país.

«En caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el porcentaje adicional que fije el Poder Ejecutivo por sobre la indemnización que les corresponda», sostiene el proyecto de ley.

Al respecto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, indicó que «no hay ningún cambio al respecto» y recordó que actualmente «el no cumplimiento de la doble indemnización es el incumplimiento de obligaciones laborales y por lo tanto implica sanciones».

En el proyecto de ley elevad ayer al Congreso, la administración nacional también se reserva la facultad de «declarar la cesación total o parcial del estado de emergencia pública» en algunas de las materias incluidas en la Ley de Emergencia Económica «cuando la evolución favorable así lo aconseje».

Por su parte, la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda para prorrogar la emergencia está prevista para hoy al mediodía y su titular, el justicialista chaqueño Jorge Capitanich, espera conseguir las ocho firmas de un total de quince integrantes para sacar dictamen favorable, indicó una fuente oficialista.

Capitanich cuenta con nueve senadores del justicialismo, pero para asegurar el dictamen intentará convencer al legislador del Movimiento Popular Neuquino Pedro Salvatori para que estampe su firma, ya que espera algunas ausencias del oficialismo. El legislador quiere que el proyecto esté en el recinto el próximo 10 de noviembre.

El radicalismo, en tanto, todavía no definió una posición al respecto y quiere primero analizar la iniciativa, aunque había opiniones en contra sobre todo en lo que se refiere «a la prórroga de la emergencia económica», dijo el jefe del bloque, Mario Losada. No obstante, anunció que estudiarán el otorgamiento de la facultad para renegociar los contratos de la empresas de servicios públicos privatizadas, que vencen en diciembre.

(DyN/Télam)