Kirchner exigió a privatizadas levantar los juicios contra Argentina
Actualizado a las 19:36
BUENOS AIRES (DyN) – El gobierno argentino insistió hoy en exigirle a las concesionarias de servicios públicos que levanten sus demandas ante el tribunal internacional del CIADI para avanzar en la renegociación de sus contratos. Animado por el anuncio realizado por la española Gas Ban y la posibilidad de la aceptación de Telefónica de Argentina, el presidente Néstor Kirchner salió a pedir «un gesto solidario» a las empresas privatizadas.
Kirchner celebró que Gas Ban haya acordado en Madrid con el ministro de Planificación, Julio De Vido, el levantamiento del reclamo efectuado ante el tribunal arbitral del Banco Mundial. «Vamos avanzando en un número muy importante (de empresas) que dejan de demandar a la Argentina porque nos mantenemos firmes para renegociar los contratos de empresas de servicios públicos privatizadas», sostuvo.
Durante un acto en la localidad bonaerense de Lincoln, el jefe de Estado consideró que las compañías de servicios públicos privatizadas «tienen que tener en cuenta gestos con el país». «Un gesto con el país es retirar las demandas en los tribunales internacionales», dijo el jefe de Estado. En tal sentido Kirchner agregó que «si quieren trabajar en el país, que vengan con el gesto generoso, solidario que nosotros les abrimos los brazos a producir riquezas con nosotros pero no a demandarnos».
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que las empresas que demanden al Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) no podrán prestar servicios públicos en el país. Fernández fundamentó esta posición en que la crisis de diciembre de 2001 «afectó a todos los argentinos», por lo cual remarcó que las demandas de las empresas ante el CIADI «no responden a la realidad argentina».
«Si todos los argentinos lo soportamos y no fuimos a un tribunal internacional a quejarnos, me parece razonable que el que invierte en el país acepte estas consecuencias, que uno nunca quiso que ocurrieran pero una vez sucedidas nos perjudicó a todos por igual», indicó el ministro a radio Continental. Por su parte, el diputado socialista Héctor Polino consideró «positivo» el anuncio de que la empresa española Gas Natural, y posiblemente también el de Telefónica, pero sostuvo que, sin embargo, «es necesario conocer los compromisos asumidos a cambio por el gobierno argentino».
Fernández, en tanto, sostuvo que «finalmente son prestadores de servicios públicos, por lo cual es necesario que nos garanticemos que los que prestan un servicio, no nos demanden por otro lado». A su criterio, «esas demandas fueron planteadas como si hubiéramos tenido un trato diferencial para con las empresas prestadoras de servicios públicos de capital extranjero». «Ellos soportaron lo mismo que soportamos todos los argentinos», indicó el ministro, quien subrayó que «la devaluación, el default y la pesificación asimétrica lo soportamos todos los argentinos y no solo estas empresas».
Polino, en tanto, advirtió que la socia estadounidense de Gas Natural, la empresa LG&E, dueña de 19,6 por ciento de la distribuidora también demandó a la Argentina por 268 millones de dólares y la acción no fue retirada. «Con lo cual -dedujo el diputado- el problema para la Argentina sólo se ha resuelto parcialmente» ya que indicó que «la renuncia debe ser de la empresa y de todas sus accionistas para concluir definitivamente con las acciones judiciales».
Los dichos de Polino coinciden en este último aspecto con la posición de la Administración Kirchner en el sentido de que para una renegociación integral del contrato de concesión es requisito previo esencial la renuncia a reclamos ante el CIADI o cualquier otro tribunal, nacional o internacional, por parte de todos los accionistas de la compañía.
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