Kirchner propuso a Elena Nolasco para equilibrar la futura Corte

Se trata de una experta en derecho civil, con tendencia a posturas de centro. Sería contrapeso para posiciones radicales de Zaffaroni y la postulante Argibay.

El presidente Kirchner propuso ayer incorporar a la Corte Suprema a la experta en derecho civil Elena Highton de Nolasco, segundo caso de una mujer impulsada por el Gobierno para renovar al cuestionado cuerpo. El objetivo del gobierno es lograr un "adecuado equilibrio" para con las posturas más radicales del más nuevo de los ministros, Eugenio Zaffaroni y de Carmen Argibay, quien está próxima a ingresar, pese a las resistencias de la Iglesia.

Si el Senado nacional lo aprueba, Nolasco, con tendencia a posturas de centro en el espectro ideológico, ocupará el lugar que dejó vacante Eduardo Moliné O'Connor, destituido por la cámara alta en un juicio político.

"Se busca garantizar en Argentina una justicia independiente y de muy alta calidad", dijo el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, al anunciar la postulación, que deberá pasar el filtro de un duro examen ante el Congreso y organizaciones no gubernamentales.

Highton de Nolasco es una camarista del fuero civil, especialista en mediación, que tiene 61 años y está en la carrera judicial desde 1973, donde se ganó una reputación de abogada independiente.

La flamante postulada tiene prestigio de jurista sin influencias políticas, pese a que en su familia hay personalidades del gubernamental Partido Justicialista (PJ, peronista).

Su marido, Alberto Nolasco, es un ex médico de la disuelta empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sobrino de Arturo Jauretche, el célebre escritor y ensayista que viró al peronismo desde el nacionalismo de izquierda de los años 40 encarnado en la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (Forja).

Nolasco tuvo un cargo público al ser elegido presidente de la editorial de la Universidad de Buenos Aires durante el fugaz gobierno peronista radicalizado de Héctor Cámpora en 1973.

El presidente Kirchner recibió ayer por la tarde en su despacho de la Casa de Gobierno a Nolasco, que por la mañana mantuvo un encuentro con Fernández y Beliz. Ahora, su candidatura quedará por 30 días puesta a consideración de la ciudadanía, tal como lo prevé el decreto 222/03, que autolimitó las facultades del Poder Ejecutivo para la designación de nuevos integrantes del Máximo Tribunal. El ministro Beliz precisó que se publicarán durante 30 días los antecedentes profesionales, patrimoniales y académicos de la mujer, además de dar a conocer las publicaciones que desarrolló a lo largo de su carrera judicial. Highton marcó al menos una diferencia con los otros dos candidatos propuestos por el gobierno de Kirchner -Zaffaroni y Carmen Argibay- al no realizar declaraciones a la prensa ni pautar entrevistas con los medios.

La otra mujer propuesta por Kirchner para depurar al polémico tribunal mayor de la nación es la penalista Carmen Argibay, de impecable trayectoria en el Poder Judicial, aunque cuestionada por la Iglesia por haberse pronunciado en favor del aborto.

"La meta del Gobierno es que el máximo tribunal tenga condiciones éticas, morales y técnicas para juzgar sobre el patrimonio y la libertad de los argentinos", dijo Béliz.

La Corte de nueve miembros estuvo acusada de servir

en los años 90 a los intereses políticos de turno, en particular los del ex presidente peronista neoliberal Carlos Menem (1989-1999), entre otras graves irregularidades que le costaron el inicio de juicios políticos parlamentarios.

La renovación de la Corte fue una de las primeras medidas de gobierno de Kirchner, quien asumió el 25 de mayo de 2003 y logró la inclusión en el tribunal del prestigioso abogado defensor de derechos humanos Raúl Zaffaroni.

La purga se inició con las caídas del anterior presidente del tribunal, Julio Nazareno, y del ex vicepresidente Eduardo Moliné O'Connor, ambos vinculados estrechamente a Menem, adversario del progresista Kirchner en el seno del PJ.

La fundación privada Fores había definido el año pasado a Highton como "políticamente independiente, sin vinculaciones con el actual gobierno", y dotada de "un nivel académico destacadísimo", que "demostró su vocación por la reforma judicial a través del impulso de la mediación".

El jefe del Gabinete, Alberto Fernández, señaló en la conferencia de prensa que Highton de Nolasco es una "destacada jurista", con "una carrera judicial muy importante", con más de 30 libros publicados sobre derechos real y civil y sobre mediación como elemento de solución de conflictos.

(DyN, AFP y Télam)

Perfil: Pionera en la mediación

Elena Highton de Nolasco es experta en derecho civil y comercial, área en la que desarrolló su carrera desde 1979, cuando fue nombrada jueza de ese fuero, del que ahora es camarista.

Considerada pionera en la instauración de la mediación obligatoria para los conflictos judiciales, se graduó en la Universidad de Buenos Aires.

Integrante de la sala F de la Cámara Civil y Comercial porteña, integra la "Asociación Argentina de Mujeres Jueces", al igual que su compañera candidata a integrar la Corte Suprema, Carmen Argibay.

Quienes la conocen en el Palacio de Tribunales, la definen como una especialista en derecho privado, con tendencia a posturas de centro y una larga carrera judicial que inició como defensora oficial de menores e incapaces en diciembre de 1973. Muchos de sus colegas sostienen que será el "adecuado equilibrio" para con las posturas más radicales del más nuevo de los ministros, Eugenio Zaffaroni.

Ya desde antes del anuncio de su postulación, la candidatura fue apoyada por ejemplo por "Fores", el Foro de Estudios sobre la administración de justicia independiente, desde donde se había criticado con dureza a Zaffaroni.

Junto a sus actuales colegas de sala en la Cámara, Fernando Posse Saguier y Eduardo Zannoni, Highton de Nolasco resolvió en causas por accidentes de tránsito, divorcios polémicos, mala praxis médica y hasta en conflictos de vecinos y consorcios. En uno de los fallos de su sala, por ejemplo, rechazó la demanda de una mujer mal operada de cataratas por evaluar que hubo "consentimiento informado" sobre los riesgos de esa intervención. (Télam)

Notas asociadas: Equidistancia de Argibay Le toca a la Procuración  

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