Kirchneristas niegan presión y defienden per saltum

DyN

El debate originado en torno a la causa que debe resolver la aplicación de dos artículos de la Ley de Medios objetados por el Grupo Clarín involucró ayer a los tres poderes del Estado y a la oposición. Desde el Congreso, donde se sucedieron las conferencias de prensa oficialistas y opositoras, el kirchnerismo salió a aclarar que el proyecto de ley para reglamentar el per saltum, que comenzará a ser tratado el martes próximo en comisión, “no significa ningún acto de presión” al Poder Judicial. El titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, sostuvo que “si exigir la supremacía de la Constitución, peticionar por la igualdad de la ley, exigir jueces naturales y formular las denuncias que me competen como consejero, son presionar a la justicia, bienvenida la presión”. A su vez, el jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, remarcó que el proyecto de ley para reglamentar el per saltum “no significa ningún acto de presión” al Poder Judicial. El proyecto, que será tratado el próximo martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, permitirá a la Corte “actuar en casos de gravedad institucional” cuando el proceso se encuentre interrumpido, justificó Pichetto. Previamente, diputados de la UCR, el PRO, el Frente Peronista, la Coalición Cívica y Unión por Todos firmaron una declaración conjunta, en el Congreso, en la que denunciaron que “la independencia judicial está sufriendo un indebido acoso por parte del Poder Ejecutivo”. En los últimos días, desde el gobierno se lanzó una estrategia en varios frentes, pero en todos los casos apuntando al objetivo del 7 de diciembre, o “7D”, fecha en la que según la Corte vence el plazo del recurso de amparo presentado por Clarín. Así, el ministro de Justicia Julio Alak pidió a la Corte que intervenga para resolver lo que calificó como un “bloqueo” de los miembros opositores en el Consejo de la Magistratura para la designación del juez que debe resolver el caso, y presentó una denuncia penal para que se investigue si ellos y miembros de la Cámara Civil y Comercial cometieron delitos en la designación de magistrados. Además, desde el gobierno se impugnó a los jueces que habían sido designados para ese tribunal y se impulsó en el Senado un proyecto de comunicación para pedir a la Corte que analice y resuelva la situación en el Consejo de la Magistratura y la Cámara. También se impulsó un proyecto de ley para reglamentar el procedimiento del per saltum y, a través del oficialismo, se convocó en el Consejo de la Magistratura a los camaristas para que expliquen la situación por el nombramiento de jueces. (DyN)

LEY FEDERAL DE MEDIOS