Kits escolares: para el gobierno hay una “actitud extorsiva”

La relación entre Ponzone y Weretilneck, de mal en peor. El fiscal avanza con la investigación de licitaciones del Poder Ejecutivo.

El gobierno de Alberto Weretilneck entiende que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas ha montado una “operación de desprestigio” en su contra por la “actitud extorsiva, descalificadora e irresponsable” del fiscal Marcelo Ponzone. Esta respuesta fue la reacción gubernamental después de que se conociera una auditoría del órgano de control que advierte la existencia de sobreprecios de un 30% en la adjudicación y compra de kits escolares adquiridos por Educación. Esa operación ya fue denunciada penalmente en junio por la entonces legisladora del FpV, Ana Piccinini, luego de una publicación de “Río Negro”. La presentación se hizo ante la fiscal penal Itziar Soly, desconociéndose si hubo actuaciones del Ministerio Público. Ayer, el presidente de esa bancada, Alejandro Marinao, se mostró “preocupado por la inacción judicial” y valoró “lo hecho por la Fiscalía” de Ponzone. En cambio, en un comunicado, el gobierno exigió al fiscal administrativo que “deje de sembrar falsamente sospechas sobre la honorabilidad de sus funcionarios”. Pidió que “cese en su accionar que en base a cuestiones sin fundamento, pone falsamente en tela de juicio a funcionarios” y los “acusa malintencionadamente” de “supuestos actos de corrupción”. Inicialmente, el Ejecutivo negó la existencia “de pago de sobreprecios” en la compra de los 85.800 kits escolares por más de 24 millones. La reacción incluye una valoración gubernamental sobre la actividad periodística, al expresar que “llama la atención que tan prestigioso medio haga referencia a un informe parcializado y tendencioso, a todas luces equívoco”. Luego insiste en que la labor de la Fiscalía “llamativamente ha encontrado eco en algunos medios de prensa”. Según su consideración, el trabajo del órgano de control “se trata de un deliberado accionar del organismo de Contralor que en base a argumentos falaces ha decidido montar una operación de desprestigio del gobierno Provincial fundamentada en cuestiones que nada tienen que ver con la tarea específica de ese organismo, y que lamentablemente se ha transformado en una actitud extorsiva, descalificadora e irresponsable” del fiscal Ponzone. En su respuesta, el gobierno dice que la licitación tuvo la “intervención, control y aprobación” de los “organismos de control internos”, asegurando que producto de “esa intervención se estableció multa de 1.200.000 y ejecución de la garantía de 2.400.000” ante “el incumplimiento en la entrega de uno de los productos”. Se trataban de 66.500 mochilas faltantes. Entiende que el informe de la FIA “carece del rigor técnico necesario para concluir” que existió “un sobreprecio y determinar un presunto perjuicio”. Desautoriza la estimación de valores por las listas de Precios Cuidados y de la empresa La Brújula ya que esta última no figura en el Registro de Proveedores de Río Negro, y la misma está radicada en Rosario, insistiendo que los precios comparados “no contemplan el embolsado y logística de armado de los kits, marcas y costos financieros de transporte, entre otros”. Además se informa de los lugares donde fueron entregados los kits y explica que el resto está “depositado en Educación para ser entregados durante el ciclo 2016”. Esa referencia responde a un cuestionamiento de la FIA por la “falta de acreditación del destino de bienes y constancia de distribución”. (AV)

Río Negro